11-11-2013| Debido
a que el único imputado, Enrique Gómez Saá, adujo problemas de salud se
suspendió el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. El Tribunal
y las partes se trasladaron al Hospital para constatar su internación. Peritos
de la Corte deberán expedirse sobre el estado del militar procesado.
En una breve y sintética
intervención, el Dr. Alejandro Piña, presidente del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal n° 1, informó la suspensión
del inicio del debate. A reglón seguido, con el reflejo automático de quién ya
pasó muchas veces por similares situaciones, el fiscal general Dante Vega, y
luego las partes querellantes, solicitaron verificar el estado real de salud
aducido por la defensa: se trataría esta vez de un repentino “estado confusional”
que, prácticamente a horas de iniciarse el juicio, no le permitiría al ex
militar comparecer en la sala de audiencia. El Tribunal accedió al pedido de la
Fiscalía; los magistrados junto a un
representante de cada una de las partes, concurrieron al Hospital Español donde
está internado Gómez Saá. Los Organismos de Derechos Humanos, esperaron en las
escalinatas de Tribunales el regreso de la comitiva, indignados por los
permanentes recursos dilatorios de imputados y defensores para eludir la
Justicia.
Finalmente, el Presidente del
Tribunal anunció que convocará a los médicos forenses de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación para que en los próximos días se cuente con un
diagnóstico cierto que permita determinar el curso que tomará de este juicio.
Cabe señalar que el imputado que
debiera responder por la privación ilegal de la libertad y tormentos agravados
de Roberto Vélez, Oscar Guidone y Martín Lecea (fallecido), formó parte de la
División de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña de la sub zona
33 del III Cuerpo del Ejército y estaba en plenas funciones cuando fueron
detenidos y torturados las tres personas mencionadas en la Compañía de
Comunicaciones de Montaña Nº 8, en el año 1976.
Por el Movimiento Ecuménico
de los Derechos Humanos (MEDH), el Dr. Pablo Salinas le recordó al Tribunal aquellos
antecedentes inmediatos de “chicanas judiciales” vinculadas al estado de salud
de los represores, que no tienen por objeto sino la dilación de los procesos
judiciales. Salinas advirtió que, en este caso, “el imputado ya ha prorrogado
dos veces el inicio del debate por lo que se transforma en una especie de
privilegiado respecto a un ciudadano común. Gómez Saá –continuó- ya debería
haber sido enjuiciado”.
Un momento relevante de la jornada
fue cuando tomó la palabra Roberto Vélez, quién recordó que ya en otra ocasión
Gómez Saá pidió autorización para viajar a Chile por razones de salud, pero en
realidad fue para irse vacaciones. Vélez planteó que “este señor no es
responsable sólo del sufrimiento que padecieron tres personas, sino que perteneció
al núcleo duro de la represión en Mendoza, ya que fue el segundo Jefe de
Inteligencia después de Orlando Dopazo,
que dependía de Carlos Martínez, el arquitecto del exterminio en la Argentina,
brazo derecho de Jorge Rafael Videla”. Y afirmó que “estamos frente el
juzgamiento del responsable de todo el proceso represivo en la provincia de
Mendoza, el que posibilitó la desaparición, tortura y muerte de centenares de
ciudadanos mendocinos”.
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