077-M: Desapariciones de Mario y Gustavo Camín y de Víctor Hugo Herrera. Reconocimiento fotográfico

La mirada atenta

30-08-2012 | Cuatro integrantes del Centro clandestino de detención D2, no imputados en este Juicio, fueron reconocidos en el álbum de la Policía, por María Isabel Salatino, madre del desaparecido Víctor Hugo Herrera. Sus hermanos también narraron los hechos. Testimonios en relación a las desapariciones de Gustavo y Mario Camín permearon el clima de hostigamiento y violencia hacia los estudiantes y militantes de la UTN durante la dictadura.

El miedo

Cinco personas fueron citadas en relación a la investigación para conocer las circunstancias en que se produjeron los secuestros y desapariciones de Mario Camín y su padre Gustavo. El testimonio de Edmundo Dagoberto Naman dio tono al resto de los testigos cercanos a Mario Camín. Naman conoció la historia de los Camín porque Dora Gordon, madre de Mario, pediatra, atendía a sus hijas y era amiga de su hermana. Intentó realizar averiguaciones-improductivas- sobre la suerte de Mario y Gustavo, a través de un concuñado, Eduardo Jesús Romero, integrante del VIII Comando de Infantería de Montaña. Edmundo, que sufrió algún atropello represivo, señaló acerca de su hermano José Naman García, director del Penal de Mendoza durante la dictadura: “El me juró que no había hecho nada -sobre privaciones ilegítimas, torturas, vuelos en la cárcel-, no le creí”. “El miedo ya se me pasó”, dijo Naman, de 89 años, en relación a su testimonio de hoy y en contraposición al “el terror que tuve por la citación en los pasillos de la VIII Brigada”.

Alberto Antonio Monserrat, testimonió como amigo y compañero de curso y de militancia de Mario en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza. Se enteró de su desaparición por Rafael Bonino, compañero en común. “Posiblemente fui el último en ver a Mario en la galería de la Facultad”, entre las 20:30 y 21 hs en algún recreo, el 22 de mayo de 1978, cuando nos cruzamos en un abrazo: “Me voy a la casa de mi novia”, le dijo Mario a Alberto. Unos sábados anteriores a los secuestros, Mario le había aconsejado: “Negrito, alejate de mí porque me vienen siguiendo”.

Los rastros de Mario Camín llegan hasta la “playa de estacionamiento, fea, oscura” de la UTN; o hasta el vehículo fiat 128 -según confirmó en la misma audiencia la testigo Ana María del Olio, o R6 según sus compañeros. En ambas versiones, el vehículo, que nunca se encontró- es blanco y propiedad de Dora, la madre. El de Mario, coinciden, es un renault 4L verde.

Con Camín participaban en la Federación de Agrupaciones Universitarias de izquierda -FAUDI-, brazo estudiantil del Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-. Monserrat mencionó que “dentro de la UTN, la ultraderecha reaccionaria nos amenazaba, prepeaba, rompíala cartelería del centro de estudiantes: afuera de la UTN -en la vereda-estaban armados, nos agredían. Había un grupo comandado por Jean Paul Burlot, secundado por Roberto Lucas, y otro por Manuel Seijoo, rodeados de personas ajenas a la Universidad. También “había un oficial que se entreveraba en las manifestaciones, el comisario Escobar que estaba muy cerca nuestro, de civil, parado enfrente y armado, se infiltraba”.

Monserrat detalló persecuciones y desapariciones de estudiantes de la UTN: bomba casera a Raúl Anfuso, titular de la FAUDI; los asesinatos de Susana Bermejillo y de Mario Susso días previos al golpe, desapariciones posteriores. Añadió: “Para 1978 el movimiento estudiantil estaba a cero. A Mario lo mataron las fuerzas armadas, muchos argentinos ya sabíamos de las desapariciones, en mayo estábamos en pleno momento crítico, terrible, cuando desaparece Mario fue un alerta para mí”.

Ricardo Ramiro Díaz, ingeniero electricista, amigo y compañero de Mario en la UTN. Tuvo conocimiento de los secuestros por Dora Gordon y por José Luis Daguerre. Al día siguiente comenzaron junto a Monserrat y del Olio las averiguaciones por el destino de los Camín. Díaz confirmó que Mario sufría una persecución y era política: entre mediados y fines de 1977 “estuvo dos meses alojado en mi casa”. Sobre el contexto dijo: “en la UTN actuaban sectores de derecha supuestamente informantes del gobierno, cuando se dio el golpe pedían en el ingreso carnet y libreta universitaria chequeados con las características fisonómicas de los estudiantes”.

Jean Paul Burlot, también compañero de Díaz en el Liceo Agrícola, le explicó sus objetivos: “despolitizar la Universidad, impedir las asambleas y toda actividad política”. También conoció, en Edemsa, a Raúl Gómez Saá, hermano de Enrique Blas -ex teniente coronel, segundo jefe de Inteligencia del Ejército entre 1976 y 1979- a través del cual intentó obtener pistas con resultado negativo.

Otros reconocidos por Díaz fueron integrantes de Línea Nacional, facción del peronismo de derecha: Puleo, Guiñazú, Amstutz, Molinari.

Luis Ángel Locarno prestó testimonio ante el Tribunal en calidad de compañero de Camín, aunque al momento de la indagatoria expresó: “supongo que he sido compañero de él pero ni siquiera lo recuerdo, no tengo mucho para aportar”. Precisó reiteradamente que él no tenía militancia política, y que cuando en la facultad había alguna actividad “que no fuera de clases” seguía “el camino” y no se detenía. Dijo: “tengo que haberme enterado (de la desaparición de Mario Camín) porque es algo que se comenta, pero no lo he procesado bien y luego de 30 años, no lo recuerdo”.

El ingeniero respondió de manera afirmativa cuando la Fiscalía le preguntó si ésta era la primera vez que declaraba. Sin embargo, a pedido del Ministerio Público, se leyó un testimonio que Locarno dio ante el Juzgado de Instrucción Militar el 17 de marzo de 1986. En aquel momento afirmó conocer a Mario Camín y que una ocasión estuvo en su departamento por estudios. Al término de la lectura de ese testimonio, dijo: “Debe haber sido así porque está mi firma, pero no recuerdo”. Tampoco expresó conocimiento de agrupaciones políticas que actuaran en la UTN. Sí recordó que había comentarios de la existencia de alumnos “infiltrados” que pertenecían al gobierno para detectar a quienes “no estaban con el gobierno”.

La memoria construye

Comenzó la rueda de testigos en relación a la desaparición forzada de Víctor Hugo Herrera, causa integrada con la de los Camín y relacionada al grupo de personas desaparecidas en mayo de 1978. Testimoniaron María Isabel Salatino, su madre; y Beatriz Marcela y Jorge Antonio, sus hermanos.

Por la reconstrucción familiar se supo que el joven de 26 años trabajaba en una ferretería y compartía actividades recreativas con Margarita Dolz y su marido, Carlos Castorino. La noche del 25 de mayo de 1978, cinco personas rompieron la puerta y entraron al domicilio del Barrio Suárez, donde vivían Isabel, Beatriz, Jorge -de 9 meses-, Víctor Hugo y Susana Miriam Astorga, su reciente esposa. Tres de los hombres actuaron con la cara libre durante el operativo. Se dirigieron a las habitaciones, apuntaron a la madre y los hermanos y les exigieron silencio. Otros dos increparon a Víctor Hugo, lo golpearon y le preguntaron por armas. A Susana la golpearon y maniataron. Herrera fue llevado en ropa interior, con las manos atadas atrás y su documento. Se fueron en una camioneta “camuflada” con una “lona verde”. También usaron dos autos particulares, valiant y/o falcon, color crema.

El secuestrador al mando del operativo" era el que más gritaba y amenazaba”. Fue descripto como rubio y alto. En la revisión de fotografías posterior, a pedido del abogado Pablo Salinas, Isabel lo reconoció como Eduardo Smaha Borzuk. Otro, descripto como "morocho, bajo, gordito y de bigotes", fue identificado como Raúl Horacio Pinto Vega y un tercero como Carlos Octavio Bustos Vasconcelos.

El 26 de mayo de 1978, Isabel presentó un hábeas corpus que nunca reportó novedades. Una ampliación posterior del trámite presenta las firmas del entonces Juez Federal, Guillermo Petra Recabarren y del secretario, Luis Alberto Leiva. Dos meses después, la familia recibió un llamado en el que les informaron que Víctor Hugo estaba en el Hospital Militar. Allí, Isabel pudo examinar varios salones, excepto uno que estaba custodiado. Días más tarde, otro llamado, ahora de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, les comunicaba que les dejarían ver a Herrera. Isabel fue con su nuera. Un militar les dijo que sólo permitirían pasar a la joven y rehusaron hacerlo por temor a lo que podría pasarle. También presentaron denuncia en la Comisaría 27 de Villa Hipódromo: "de estos ya han caído muchos, de esto ya sabíamos", fue la respuesta. Años después intentaría encontrar aquel asiento legal sin resultado.

En 1987 ante la Cámara Federal, Isabel relató que en el Palacio Policial le mostraron una lista con varios nombres, entre los que figuraban el de su hijo y el de Margarita Dolz. En el Juzgado Federal numerosas veces y "por muchos años" alguien que Isabel supuso abogado, decía tener el expediente de su hijo. Más tarde le diría que, como estaban "quemando" mucha documentación, ese legajo se lo había llevado. En el visado fotográfico lo reconoció como Mario Stipech, oficial instructor. Isabel agregó que años después del secuestro, recibió por abajo de la puerta un papel que identificó como escrito por su hijo y que decía "Mami, ayudame que estoy en La Plata".

Beatriz Herrera, al repasar el periplo de búsqueda, recordó que en uno de los lugares a los que acompañó a su madre las atendió un varón alto y de pelo claro en quien reconoció la "misma voz" que el que mandó "a callar a mi madre" durante el operativo. El testimonio de Jorge Herrera, interrumpido para que Isabel diera cuenta de las identificaciones fotográficas, continuará el 31 de agosto. Los cuatro reconocimientos -Smaha, Pinto Vega, Bustos Vasconcelos y Stipech- involucran a personal actuante en el D2, no imputados en el presente Juicio. Solamente Smaha cumple condena por delitos de lesa humanidad.

O77-M: Desapariciones de Mario Camín y de Juan Carlos y Daniel Romero

De facultades y operativos paralelos

24-08-2012 | Hubo seis testimonios en la Causa que abarca los secuestros y desapariciones de nueve personas durante la segunda quincena de Mayo de 1978. Allegados a los desaparecidos Mario Camín y su padre Gustavo, explicaron el ambiente represivo que se respiraba en la Universidad Tecnológica Nacional. La hija menor y los dos hijos mayores de Juan Carlos Romero abrieron la etapa testimonial de la causa 030-F que incluye a los también desaparecidos Daniel Romero y Víctor Hugo Herrera.

Ana María del Olio

Completó su testimonial. Ratificó haber visto a Mario Camín en el interior de un vehículo en el playón del D2 y haber sido hostigada y humillada por los policías cuando clamaba por su paradero a las tres de la mañana del 23 de mayo de 1978. Agregó que al día siguiente, "Osvaldo Moreno" -conocido suyo- le contó que oyó el nombre de Mario y otros en una lista referida por un grupo de personas en un café. Luego supo que Moreno trabajaba en la SIDE y que actualmente vive en Godoy Cruz.

Rafael Francisco Bonino

Con Mario Camín se conocieron en la secundaria y para mayo de 1978 estudiaban juntos en la Universidad Tecnológica Nacional. Alrededor del 25 de ese mes se enteró por otro compañero, el “Cholo” Alberto Antonio Monserrat, que Mario había sido secuestrado en la playa de la UTN. La versión llegó a la madre de Mario, quien a su vez contó a Bonino que el departamento de calle Patricias Mendocinas había sido desvalijado. Sobre el espionaje y las persecuciones que existían en el ámbito universitario y las relaciones con la desaparición de su amigo, Bonino dijo: “había, estaba el “Loco” Seijoo, en aquel tiempo ya lo denunciaba Mario”.

José Luis Daguerre

Fue compañero de Mario en la UTN y en la Compañía Argentina de Teléfonos, filial de Ericsson, donde trabajaban en el montaje de centrales telefónicas para el Mundial de 1978. No le conoció actividad gremial, sí militancia de izquierda. A Gustavo Camín lo vio algunas veces en el departamento de su hijo, cuando viajaba desde San Juan.

Daguerre se enteró de la desaparición de Mario por Ana María del Olio, que lo abordó la madrugada del 23 de mayo en el ingreso a la CAT, desesperada en búsqueda de Camín. Hacia el 23 de mayo ya se comentaba el secuestro en los pasillos de la Facultad. Luego, por Dora Gordon, madre de Mario, supo también de la desaparición de Gustavo.

El Fiscal Dante Vega citó una declaración de 1986 de Raúl Julio Liendo, estudiante de la UTN, según la cual varios compañeros de Mario lo habrían visto salir acompañado por cuatro personas de civil el 22 de mayo de 1978. Daguerre dijo sentirse temeroso por aquellos meses: “había casos de estudiantes desaparecidos en la UTN”.

El presidente del Tribunal, Juan Antonio González Macías, anunció que sería citado a testimoniar Alberto Monserrat. El Fiscal Vega dio a conocer que el Ministerio Público desistiría del testimonio de María del Carmen Gil de Camín, por no encontrarse en condiciones de comparecer ante la Sala. Se apelará entonces, al testimonio brindado por ella en instrucciones previas. Además informó que Dora Gordon, primera esposa de Gustavo Camín y mamá de Mario, prestará testimonio en su domicilio por no estar en condiciones de asistir a Tribunales Federales; y que se le requerirá un nuevo testimonio a Alicia Morales de Galamba acerca de Juan José, su compañero. Morales declaró en el proceso anterior en referencia a su propio caso. 

Los hermanos Romero: El robo

Tres de los cinco hijos de Juan Carlos Romero testimoniaron por los secuestros y desapariciones de su padre, el 28 de mayo de 1976 y de su tío Daniel Romero, producido cuatro días antes. Elena Beatriz, Juan Carlos (h) y Dante Eriberto, testigos directos de los hechos, aportaron datos sobre los tres operativos contra los Romero y sobre las conexiones probables con la persecución a Juan José Galamba.

Juan Carlos Romero y sus cinco hijos estaban en la casa familiar en las dos ocasiones en que un grupo de aproximadamente 10 personas, algunas vestidas con ropa militar y encapuchados, interrumpió violentamente sus vidas. A su turno los tres hermanos fueron relatando cómo la noche del 24 de mayo de 1976, un grupo de tareas irrumpió en el domicilio sobre el Acceso Norte, Las Heras. Unos entraron en la habitación donde dormían Juan Carlos y su esposa, Sofía Irene Ceballos. Otros fueron a la habitación de los hijos. Allí, a punta de arma larga, obligaron -a los que se despertaron- a mantenerse acostados y bajo las mantas. Aún así, Elena y Juan Carlos (h) lograron ver lo que sucedía.

Uno de los “personajes” que estaba al mando, con la cara descubierta y vestía campera de cuero, interrogó a Juan Carlos apuntándolo. Le preguntó sobre el paradero de alguien a quien denominaban “El Rubio”. Después supieron que se referían a Juan José Galamba. Luego de increpar al padre de familia y de revolver todo en la casa, se retiraron en vehículos que los entonces niños identificaron como Ford Falcon. Tras la retirada, los testigos relataron que Juan Carlos quedó muy alterado hablando con su esposa y expresó preocupación por su hermano: “No sé qué pasa”, le dijo a Sofía, “pero van a ir por Daniel, van a ir por mi hermano”, repitió varias veces.

En los días siguientes, la cuñada de Juan Carlos, Dulce María Quintana, comentó a la familia que ese mismo 24 de mayo habían secuestrado a Daniel Romero. Cerca de la medianoche del 28 de mayo, nuevamente un grupo de similares características, y con la misma persona al mando, irrumpió en la casa. Sin que mediara interrogatorio o explicación alguna, se llevaron a Juan Carlos. “Se robaron a mi papá. También robaron mercadería, enciclopedias y todo lo que les podía servir, los pocos bienes que teníamos”, relató Elena. Después que el grupo salió con el secuestrado, Juan Carlos (h) corrió hacia la calle y vio los Falcon, uno verde y dos grises, que se alejaban con su padre. Sofía llegó media hora más tarde. Entre uno de sus hijos y una vecina le contaron lo sucedido. Durante los días siguientes denunció la situación en la IV Brigada Aérea y en la Comisaría 16. En ambos sitios no obtuvo más que silencio.

En aquel 1978, Juan Carlos Romero tenía un horno de ladrillos que montó invirtiendo el dinero de la indemnización obtenida luego de ser cesanteado en mayo de 1976 de su trabajo en el municipio de Las Heras como director de Obras Públicas. Al horno lo acompañaban a menudo sus hijos mayores. Dante recordó que entre los trabajadores había uno que llamaba la atención porque era rubio. Incluso comentó que en una oportunidad, meses antes del secuestro de su padre, un helicóptero aterrizó en el campo donde se encontraba el horno. En esa situación, el “rubio” -en apariencia Galamba- se escondió de quienes descendieron de la aeronave.

Las diversas pertenencias de las víctimas de ambas familias tratadas en la audiencia demuestran que el plan sistemático de eliminación de personas se focalizó mayormente sobre estudiantes, obreros y militantes. Las Causas de los Camín, de los Romero y de Galamba, todos desaparecidos en las mismas fechas por parte del mismo grupo de tareas, son extracto fiel y reflejo de esa memoria histórica que busca reparación a través de la justicia.

077-M: Desapariciones de Raúl Gómez y de Gustavo y Mario Camín

Familiares y prontuarios: alrededor del D2

23-08-2012 | Se dio comienzo a las testimoniales en relación a las desapariciones de Gustavo Neloy Camín y Mario Guillermo Camín, padre e hijo, ambos secuestrados la noche del 22 de mayo de 1978. Isabel Guinchul y Ana María del Olio ampliaron sobre esas causas. Por la de Raúl Gómez Mazzola, un policía retirado del D5 -Archivo policial- estableció puntos de contacto entre las investigaciones y los secuestros ulteriores. Morellato más complicado. El centro clandestino D2 y mayo del 78.

La cuarta jornada abrió con una resolución favorable por parte del Tribunal acerca de los recursos de casación interpuestos por las partes acusadoras. Luego de los fundamentos del Fiscal General y de los Querellantes el pasado 2 de agosto, se da lugar a que sea la Cámara Federal de Casación penal -que durante esta semana declaró inconstitucional condenar a perpetua a menores de edad- la que se expida, en breve, sobre los pedidos de prisión preventiva de los imputados aún libres. También se dio lectura relacionada a la ampliación de calificaciones solicitadas esa fecha. Además de las nuevas calificaciones de los delitos cometidos en forma genérica se sostuvo que: los imputados París Francisca, Garibotte y Miranda no modificarían sus calificaciones, en tanto que Furió, Bruno Pérez, Puebla, Fernández, Morellato, Migno y Oyarzábal sí lo harían. Se considera, teniendo en cuenta similar antecedente en el proceso desarrollado en San Juan, que hay una aceptación tácita para que el Tribunal se expida sobre las nuevas calificaciones antes de las sentencias.

(Ver “Calificaciones y pedidos de prisión preventiva”)

Jorge Aladino Rivero: Archivos, primeros pasos

Retirado de la Policía de Mendoza, declaró en relación a las desapariciones forzadas de Raúl Gómez Mazzola (Causa integrada en la 077-M) y de Aldo Enrique Patroni (sin proceso judicial en curso). Actuante entre 1976 y marzo del presente año en el Archivo Judicial, sección Prontuarios -conocido como D5-, fue convocado porque en un libro del D2 figura su firma el 17 de Mayo de 1978 cuando se produjeron los secuestros de Gómez y Patroni. En dicho libro consta el registro de los prontuarios devueltos por personal del centro clandestino de detención al D5. En el margen del expediente de Gómez figura la firma del testigo: una especie de “recibido”.

Según Rivero, que hacía turnos de 19 a 01 hs, eran cuatro integrantes del D2 -recordó a Álvarez y Salinas- los encargados de llevar y traer del Archivo los expedientes de las personas investigadas: “una vez que sacaban todos los antecedentes devolvían los prontuarios. Casi todas las gestiones por expedientes provenían del D2. Si el sospechoso era ´Sánchez´ se llevaban todos los expedientes con ese apellido”.

El prontuario modelo durante la dictadura consistía en fotos y datos personales y sobre la propiedad (vehículos), antecedentes y relaciones filiales y de amistad de las personas. Rivero dilucidó las anotaciones que figuran en el Libro del D2: (C) Contravencional; (DP) Delitos contra la Propiedad; (SP) Seguridad Personal -individuo que pasaba de investigado a detenido, caso Ángel Bustelo; (II) Identificación Individual; (IV) Identificaciones Varias.

La doctora Viviana Beigel, por la Querella del MEDH, preguntó si se hacía control de los prontuarios devueltos. Rivero contestó que no, que eran demasiados los prontuarios solicitados como para poder controlar si volvían. En orden a las preguntas de Beigel agregó que los prontuarios fueron trasladados a la ex Bodega Giol y que no quedan registros del D5 sobre los prontuarios removidos entonces.

El juez Antonio Burad fue incisivo: el testigo aportó su conocimiento sobre el accionar represivo de la Policía -D2 en el primer piso y D5 en el subsuelo del Palacio policial-. Dijo Rivero: “me tocó estar ahí, sabíamos de camiones llenos de detenidos por las noches, de los operativos en los que teníamos que ayudar fuera de turno sacando los prontuarios de la gente que se llevaban, se escuchaban las órdenes y gritos de tormentos provenientes del primer piso”. Sobre el imputado Aldo Bruno Pérez -jefe del D2 en 1978- creyó recordarlo “por un tiempo en el D5” pero no logró reconocerlo entre los únicos dos procesados presentes. Al otro presente, Fernando Morellato Donna, no imputado en esta Causa, lo reconoció como integrante del D5. La mueca en negativo de Morellato no funcionó. Sí alcanzó a ser percibida.

Muy pocas veces se ha puesto en evidencia, por parte de los testigos pertenecientes a fuerzas militares y policiales, la situación de violencia en el D2. Este testimonio puede tomarse como un primer paso hacia un sinceramiento sobre el terrorismo de Estado en Mendoza. 

Elda Isabel Guinchul de Pérez: Una cuestión de solidaridad

Isabel, reconocida militante por la defensa de los Derechos Humanos, ofreció su testimonio y echó luz sobre la vida, el secuestro y la desaparición de Gustavo Camín y su hijo Mario. En su relato dijo que conoció la historia por la familia Camín, que luego de aquel  trágico mayo de 1978 buscó ayuda en Familiares de desaparecidos, espacio de lucha al que llegó en 1977 y que hoy sigue integrando y sosteniendo. Por entonces y por los mismos motivos, conoció a los familiares de Raúl Gómez y de Daniel Romero.

Por relatos de Armando Camín -hermano de Gustavo-, supo que Mario estaba “conectado” con el PRT y que ayudó refugiando a militantes de esa agrupación. También lo hizo con Juan José Galamba que pertenecía Montoneros y anteriormente había sido asistido por Gustavo Camín, quien le dio trabajo en la talquera de la familia ubicada en San Juan. El resguardo de Galamba en los domicilios de los desaparecidos integrados en la Causa fue revalidado por Isabel: “se trató de una cuestión de solidaridad”.

Toda esa información le valió para trazar su hipótesis sobre el entramado de los secuestros de mayo del 78: “no creemos en la hipótesis de que haya sido el hilo conductor, pensamos que los servicios de inteligencia dejaron libre a Juan José hasta que necesitaron nuevamente crear un momento de terror, actuaban así”, dijo. Esto se sostiene porque los perseguidores llamaban a este grupo “los residuales, sabían que en algún momento habían militado”, afirmó contundente, haciéndose voz de los Organismos de Derechos Humanos.

Ana María del Olio: El chupadero de gente

Novia de Mario Guillermo Camín, centró su relato en las horas previas y posteriores a su secuestro. Dijo que la noche del 22 de mayo de 1978, alarmada por la conmoción de la madre del joven y por el clima de la época, salió en búsqueda del muchacho: “sabíamos que por pensar distinto podías tener problemas”. Acompañada de su padre se dirigió al Palacio Policial -donde funcionaba el D2- a sabiendas del peligro que corrían: “eso era un chupadero de gente”. En el acceso a la dependencia vio cómo Mario era trasladado en un Rastrojero de doble cabina de la Policía que ingresaba al lugar: “acá no hay civiles” le gritó un oficial de alto mando cuando Ana María pidió información sobre el destino de su novio.

Lo visto por la testigo en la playa del D2 fue corroborado por ella horas después, cuando junto a una amiga entraron al departamento ubicado en calle Patricias Mendocinas. El lugar -ocupado por Mario para sus estudios y por Gustavo, su padre, cuando permanecía en Mendoza-, estaba todo revuelto. Entre el lío faltaba lo que Ana María considera la confirmación de que se trataba de un secuestro efectuado por la Policía: habían arrancado, retirado el teléfono. Del Olio relató que junto a la madre de Mario hicieron, durante años, todo lo posible para dar con el paradero del joven y de su padre sin obtener más que silencio.

Prisión preventiva. 077-M: Testimonios de Elba Morales y Carlos Venier (h)

Acusados en libertad

09-08-2012 | La solicitud de detención hecha por las querellas para los procesados libres fue denegada por el Tribunal. Testimonios en relación a la Causa 077-M: Elba Morales (MEDH) y Carlos Venier (h), abogado.

El Tribunal se expidió en la tercera audiencia del juicio acerca de los pedidos de Fiscalía y Querellas sobre la prisión preventiva para los procesados. Resolvió no hacer lugar “por no mediar circunstancias que justifiquen modificar la actual situación de los imputados”.

Andrea Duranti, Alejo Amuchástegui -defensores oficiales- y Ariel Civit -representante de Fernando Morellato-, habían pronunciado ya su oposición, basándose en la incongruencia acerca de la posibilidad de fuga. Agregaron que sus defendidos “se atienen a derecho, asisten a todas las audiencias y exámenes médicos, no entorpecen ni obstaculizan el accionar de la justicia”. Acerca de las amenazas al Juez Roberto Burad consideraron que no hay relación de elementos vinculantes con los defendidos. También se arguyó el precario estado de salud general y la falta de infraestructura del Servicio Penitenciario Federal para alojarlos. “No hay peligro grave concreto, no a lugar a la prisión preventiva”.

La Defensa tampoco aceptó las “reformulaciones” de las calificaciones legales. La Dra. Duranti puso en cuestión el principio de congruencia que es la base para reformular acusaciones. El Tribunal se expedirá al respecto el jueves 23 de agosto, cuando se retome el debate. En esa audiencia también comparecerán todos los imputados, para conocer las resoluciones que se desprenderán y reiterarles el derecho a expresarse en declaración indagatoria o abstenerse.

Repasamos: 10 imputados, 6 grupos de causas, 23 personas desaparecidas, 4 privadas ilegítimamente de su libertad -agravada-, un menor secuestrado. Treinta y seis años después. De los 10 imputados -siempre por delitos de lesa humanidad- 2 cumplen condena por el juicio anterior y otros 2 prisión preventiva, domiciliaria. Los otros 6 están libres, seguirán en libertad. 7 de 10 no “comparecen en Sala”: 6 más el procesado Furió -a veces- lo presencian vía teleconferencia. Siempre por delitos de lesa humanidad, motivos –antecedentes, riesgo de eventuales prófugos, hay.

Carlos Alberto Venier (h): El escrito de 1986

Abogado en ejercicio. De los procesados, reconoció a Juan Oyarzábal y a Armando Fernández Miranda, por haberlos denunciado. Venier presentó en 1986 un escrito representando a familiares de víctimas del terrorismo de Estado en Mendoza hacia mayo de 1978. El trabajo, efectuado con Elba Morales del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), consistió en la recopilación de testimonios de allegados a ese grupo de personas y su posterior conformación jurídica. Constataron que, salvo casos aislados, desde diciembre de 1977 no se aplicó el rigor represivo, como en los casos integrados en esta causa y otros. Es decir, dan cuenta de un recrudecimiento de la violencia sobre un grupo, en un momento determinado.

Cuando se presentó el escrito, no era posible aludir directamente a la pertenencia partidaria de las víctimas, “no se hablaba de militancia, la conocíamos”. La investigación retoma el itinerario de Juan José Galamba desde fines del 77, en la clandestinidad, entre Mendoza y San Juan, en diversos domicilios, a partir de mediados de 1976, tras escapar de un operativo. La investigación apunta a que “el orden y el plazo en que se dieron los secuestros refuerza la hipótesis del seguimiento que sobre Galamba se hacía”. Venier recalcó que las víctimas de esos días: “todos ellos desaparecidos, lo fueron con las peores consecuencias posibles”.

Elba Morales: “La calma absoluta”

Tras el juicio a las Juntas se generó en Mendoza, impulsada por familiares de las víctimas, el trabajo de investigación para promover juicios por desapariciones forzadas de personas y demás delitos cometidos por la dictadura. El MEDH, y Elba Morales -una de sus referentes-, se convirtieron entonces en herramienta fundamental. Con el objetivo de reconstruir causas para poder denunciar, se trabajó en base al relato de familiares y sobrevivientes. Se advirtió entonces el funcionamiento del plan sistemático de exterminio: mediante operativos organizados por pertenencia política.

La línea cronológica de los operativos considerados por Morales da cuenta de los períodos en que actuaron fuertemente, y de los llenos y vacíos temporales en el listado de secuestros y desapariciones. En mayo de 1978, cuando se produce una última serie de “ataques”, bajo la misma modalidad, de ciudadanos en relación personal o de militancia, los investigadores judiciales buscan el por qué de la fecha y su finalidad.

Según Morales “el objetivo del operativo era la búsqueda y hallazgo de Juan José Galamba, militante de Montoneros próximo a su conducción”. Galamba, en la clandestinidad desde junio de 1976 -cuando se arrasó la conducción-, logró huir de la “encerrona” en un operativo en inmediaciones de la UTN, en la que fue baleado y apresado Jorge Vargas Álvarez, compañero y conviviente de Juan José.

A partir de allí comienza el largo itinerario de Galamba por sucesivas moradas, en circunstancias de perseguido político: trasladarse a pie entre San Juan y Mendoza, recibir la visita de su hijo en la casa en la que estaba resguardado.

Morales dio precisiones acerca de otras víctimas de entonces que no figuran en el expediente, como Aldo Patroni e Isabel Membrive, secuestrada el 25 de mayo 1978, clandestina desde julio del año anterior, cuando salvó su vida y la de sus hijas, en un operativo dirigido contra Juan Carlos Charparín, en el contexto de la destrucción final de Montoneros. Según su legajo personal, no eliminado por la policía, “se ordenó su captura por ser esposa de Charparín, muerto en la fecha en acción de combate”. Esto permitió desde el MEDH que en su partida de defunción -para los represores NN- figurara su verdadera identidad y fecha de deceso. La reconstrucción evocada: “Charparín parapetado tras un vehículo defendiendo a su familia, Isabel durante dos años en casa particular para resguardarse”. Los recuerdos durante el relato provocaron la valoración de Elba sobre “los actos heroicos que emocionan, de quienes defienden su vida y la de sus hijos frente a tanta cobardía de los grupos armados que los desaparecieron”.

La perspectiva del MEDH da como comprobado que en Mendoza a fines de 1977 la estructura represiva es desmontada (centros clandestinos “levantados”, operativos infrecuentes) o reconfigurada: masivos traslados de presos políticos en todo el país, fusilamientos, inteligencia y operativos más ágiles, concretos, reducidos. La recurrente presencia en los relatos de “personal” y vehículos de Agua y Energía, alrededor de los hechos, es un ejemplo. Ello deriva en la formación del “Grupo especial” G 78 (por decreto), integrado por “especialistas en la lucha antisubversiva” como Carlos Rico, Siniscalchi y Medina, a fin de mantener la “calma absoluta, sin reclamos ni movilización”. En su investigación, Morales establece, además, paralelismos llamativos entre los movimientos nocturnos de las patotas y la cooperación entre la Policía de Mendoza e Infantería.

077-M: Desapariciones de Margarita Dolz y de Raúl Gómez

Sede Mendoza

03-08-2012 | Se abrió la etapa testimonial del debate con la Causa que indaga el accionar represivo del Grupo Especial de Tareas G 78, para silenciar lo que quedara de resistencia ante la dictadura frente al desarrollo del Mundial de fútbol a mediados de 1978. En la “sede” Mendoza, los represores secuestraron a nueve personas, desaparecidas, durante la segunda quincena de mayo. Está imputado Aldo Bruno Pérez, por la fecha Jefe del Departamento de Investigaciones 2 de la Policía de Mendoza. Testimonios en relación a los secuestros y desapariciones de Raúl Gómez Mazzola y Margarita Rosa Dolz.

Norma Liliana Millet: Raúl Gómez y los eslabones

Alrededor de las dos de la mañana del 17 de mayo de 1978 presenció el secuestro de Raúl Gómez, su marido. Fue en la casa de la familia de Liliana en Godoy Cruz, compartida con su hermana y su cuñado. Millet repasó lo vivido a través de otras exposiciones y denuncias. Esa noche, tres o cuatro personas con armas cortas y enmascaradas irrumpieron en el domicilio, maniataron y vendaron a sus habitantes; interrogaron y secuestraron a Gómez. Robaron relojes, bolsas de dormir, documentos, dinero y un rollo de fotos.

En el Libro de registro de la Comisaría 7ma consta mención de la denuncia efectuada por Millet: Su hermana divisó borceguíes, un vecino mencionó un Peugeot blanco, su padre la reiterada presencia días previos de “personal” de Obras Sanitarias merodeando el barrio. De la declaración de la testigo ante la CONADEP, el fiscal Vega destacó que ella reconoció una voz al mando. Roberto Jofré -comisario retirado y suegro de la hermana de Millet- hizo averiguaciones en el D2 sobre el paradero de la víctima. “Hasta aquí llega”, dijo Jofré a Millet que obtuvo como respuesta, “si no quería que le pasara lo mismo que a Gómez”.

La pertenencia política de Raúl estuvo ligada a la Organización Comunista Poder Obrero -OCPO- hasta 1974. Por amistad personal con Margarita Dolz, hasta 1973 en el partido Socialista, también conocieron a Víctor Hugo Herrera y Daniel Romero, desaparecidos en mayo del 78. El Fiscal Vega expuso la hipótesis del abogado Carlos Venier hijo, que considera el caso del también desaparecido Juan José Galamba como punto de contacto de la serie de caídas. Liliana, que dos años antes a pedido de Margarita y Carlos Castorino, había resguardado con su esposo por unos días a Galamba, ya en la clandestinidad, descree de la versión: “Galamba nunca supo dónde estaba la casa, nos hubieran llevado a los dos, yo dije que lo recibiéramos, a lo mejor fue por el decreto o norma para el Mundial, por el cual buscaban a los que quedaban residuales en la lista”.

Cotejando lo narrado por Millet con expedientes y archivos se acentuaron sospechas e hipótesis: El Dr. Salinas conectó el Libro de novedades 269 de Infantería donde consta que el sospechado Carlos Rico y Rubén Villarreal como chofer, salieron de “operativo” el 17 de mayo de 1978 a las 00:40hs, una hora antes del secuestro de Gómez. El Juez Burad solicitó entonces la disponibilidad sobre los listados completos del personal de Infantería, del D2 y de la 8va Brigada de Infantería de Montaña.

Liliana integra Familiares desde agosto de 1978. Su testimoniar pregona desde hace décadas la búsqueda de la Verdad. El Juez Burad la invitó al respecto: “¿Qué entiende que le pasó a su esposo?  -Yo entendí que lo habían matado”. El respeto se apoderó de la Sala.

Testimonios de vecinos

También prestaron declaración Lidia Marta López y Carlos Alberto Ferreira, vecinos de la víctima. López señaló que al levantarse la madrugada del 17 de mayo notó la puerta de la casa de sus vecinos abierta y fue su padre el que acudió a saber qué había pasado, impedido por los policías ya cercando el lugar de los hechos. Su hermana había divisado durante la madrugada un furgón azul de la policía. Por su parte, Ferreira aseguró haber visto un falcon estacionado antes y durante el horario estimado del secuestro de Gómez.

Esos deditos

Antes del cuarto intermedio la audiencia fue interrumpida en varias oportunidades debido a los procesados. Estaba estipulada, a solicitud suya, la declaración de Fernando Morellato: la postergó. El ex oficial de Motorizada provocó en la audiencia inicial a familiares, abogados y fotógrafos con gesticulaciones agresivas. Reiteró su cobarde actitud: amenazó con el típico ademán con el que los represores “marcaban” a las víctimas. Y nada menos que a dos compañeras ex presas presentes. Evidenciado por los querellantes, el Presidente Macías reprendió tales conductas. Luego el abogado de Morellato pidió que su defendido presencie sólo la causa por la cual está imputado. El Tribunal accedió, Morellato caminó hacia la salida. Otro proceder desafiante tuvo Paulino Furió, hoy sí presente vía teleconferencia desde el Consejo de la Magistratura: argumentó el mismo derecho citando el artículo 18 de la Constitución Nacional, en un elocuente reflejo tras los valores democráticos que avasalló. La pantalla se desconectó. Hoy en plena vigencia de los Derechos Humanos y la legalidad, en la que Furió y Morellato están incluidos, sus dedos sirven para ser pintados por la Justicia.

Héctor Alejandro Dolz: Margarita, 1978

Dolz fue el primer testigo citado para establecer certezas sobre la vida, el secuestro y la desaparición de Margarita Rosa Dolz. Primos hermanos según los registros, hermanos por circunstancias de la vida que hicieron que ambos crecieran en el mismo hogar. Compartieron crianza, ideales y anhelos.

Acerca de los hechos ocurridos la noche que se llevaron a Margarita, Alejandro describió lo que Carlos Castorino, esposo de la joven, contó a él y a su familia que en ese momento residían en Buenos Aires. Supo entonces que la noche del 17 de mayo de 1978, a las 23 horas aproximadamente, un grupo de hombres de civil, que se presentó como miembros de la Policía Federal, irrumpió en la casa, sacó a Margarita y encerró en el baño a sus dos hijas y la niñera. Sus padres viajaron inmediatamente e hicieron todo lo que estaba a su alcance. Intentos inútiles, al silencio y miedo de la época se les plegaba la “algarabía” del Mundial en ciernes.

Sobre aquellas fatales jornadas dijo que el hecho los tomó por sorpresa: en 1978 la actividad política en Mendoza “estaba bajo cero”. “La actividad política se fue matando de a poco, meses después de marzo del 76 estaba todo resuelto”, precisó Alejandro. Según su lectura, los secuestros de Margarita, Raúl Gómez y el resto de sus compañeros fue parte de un operativo represivo para asegurar el silencio durante el Mundial.

Margarita fue parte del Partido Socialista e integró como adherente, junto a Gómez y Dolz, la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Dolz señaló que toda esa actividad se concentró entre 1973 y 1975 y que Margarita tenía inclinación por los ideales socialistas desde un razonamiento filosófico. También recordó su sentido de la solidaridad y contó que el matrimonio en reiteradas veces dio refugio a militantes perseguidos. Sin embargo no pudo asegurar, como se supone, que Juan José Galamba haya parado en esa casa.

Por requerimiento del Juez Burad, Dolz expuso cuáles eran los objetivos del ideario socialista con los que comulgaban él y su hermana y remarcó que jamás se pensó dar un golpe al orden democrático. En referencia a los reiterados golpes de Estado acaecidos en nuestra historia dijo que se debía a “una mecánica de subversión de la democracia instaurada, instalada y desarrollada por las Fuerzas Armadas”.

-Entonces ¿quiénes eran los subversivos para usted?

-Las Fuerzas Armadas, señor Juez.

Entre los aplausos de toda la sala, González Macías informó que requerirá el testimonio de la mujer que cuidaba de las hijas de Margarita y Carlos.

Inicio del tercer Juicio por delitos de lesa humanidad

El mejor camino 

02-08-2012 | Mendoza, cada vez más cerca de saldar los largos años de impunidad sobre su historia en relación al terrorismo de Estado de la última dictadura cívico militar. Seis Causas, diez imputados y marcadas profundizaciones trabajadas por parte de los abogados representantes de los Organismos de DDHH, gestores iniciales de estos históricos juicios por delitos de lesa humanidad.  Participan también abogados del Estado Nacional y Provincial.

Con la presidencia de Juan Antonio González Macías, el Tribunal conformado por Antonio Burad, Alejandro Nocetti Achaval y Jorge Picarenco (suplente) abrió el histórico tercer Juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Fuera del TOF 1, en las escalinatas, en la calle, el incesante reclamo por Memoria, Verdad y Justicia de los Organismos de Derechos Humanos y el acompañamiento de amplios sectores de la sociedad. Adentro, en la sala de audiencias, idénticas expectativas, con familiares de víctimas, referentes y la cobertura de medios de todo el país. Presentados los defensores oficiales y las partes acusatorias: Fiscalía General y los querellantes por Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gobierno de Mendoza, Movimiento Ecuménico (MEDH), Liga Argentina por los Derechos del hombre y la querella particular de Roberto Vélez; se entabló contacto con los diez imputados.

Apenas tres de ellos estuvieron presentes en la sala: los ex-policías Aldo Bruno Pérez, Fernando Morellato Donna y Ricardo Benjamín Miranda Genaro. Paulino Furió, ex-militar, ausente con certificado médico, descompensado a causa de tratamiento de quimioterapia. El resto, por teleconferencia: desde Rosario, Dardo Migno Pipaon y Alsides París Francisca, militares retirados; desde Comodoro Py, Ramón Ángel Puebla, ex-militar; desde la sala de la Cámara Federal de Apelaciones en el mismo TOF, Juan Antonio Garibotte -inteligencia-, Armando Fernández Miranda -enlace entre Fuerzas-, Juan Agustín Oyarzábal, -ex-policía, actual “sordo”-. Con la excepción de Morellato, que pidió hacerlo el tres de agosto en presencia de su abogado, el resto se abstuvo de declarar. El “color” sobre su identidad lo dio Garibotte que, ante el asombro de los presentes, manifestó ser docente de ciencias sociales, con licencia en la escuela Malharro de Torres, Tupungato. Genera repudio lo que un imputado por delitos como los atribuidos a Garibotte pudiera "enseñar" a sus alumnos.

La lectura de los requerimientos de elevación a Juicio detalló la calificación legal de los hechos y delitos investigados. El Juicio abarca 6 grupos de Causas que contemplan 28 víctimas de las cuales 23 permanecen desaparecidas y sólo 3 continúan con vida. Se enfatizó que el plan sistemático de desaparición forzada de personas entre 1976 y 1983, cometido por agentes del terrorismo de Estado de la última dictadura, se basó en el exterminio de opositores políticos conformando un abuso arbitrario de poder sobre los ciudadanos. Por eso el perfil político ideológico de las víctimas se considera central en las reconstrucciones.

Las Causas:

077-M, procesado Bruno, por los delitos de privación de la libertad agravada y desaparición forzada de Margarita Doltz, Raúl Gómez, Gustavo Camín, Mario Camín, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Juan José Galamba y Ramón Sosa. Los secuestros se produjeron en mayo de 1978, en el marco del “megaoperativo” a nivel nacional del accionar represivo del Grupo Especial 78. Estos secuestros consecutivos y relacionados fueron coordinados por las Fuerzas Armadas y las policías Federal y Provincial.

085-M, procesado Furió, por los delitos de privación de la libertad agravada, desaparición forzada y asociación ilícita contra Néstor Carzolio, Nélida Tissone, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, y el matrimonio conformado por Walter Domínguez y Gladys Castro, embarazada de seis meses, cuya hija/ hijo no ha recuperado su identidad. Además de homicidio doblemente calificado, robo simple y robo agravado. El elemento aglutinante del grupo de personas es su perfil político, todos parte del partido Marxista-Leninista.

053-M, procesados Furió, Garibotte, Paris, Miranda y Bruno por los delitos de privación de la libertad agravada y homicidio doblemente calificado de Adriana Campos y Antonio Alcaráz; robo agravado, asociación ilícita y la sustracción de un menor, Martín Campos (de un año), hijo de ambos, abandonado luego en la puerta de la casa de sus abuelos maternos. La permanencia del matrimonio en el Departamento de Investigaciones 2 de la Policía de Mendoza ha sido acreditada en diciembre de 1977, según constan denuncias en comisaría 7ma de Godoy Cruz y otros testimonios. Se constata también la relación de militancia con las causas 085-M y la persecución previa al resto de la familia, tal el caso de María Silvia, desaparecida un mes antes, hermana de Adriana.

076-M y compulsa 0687-E, procesados Migno y Puebla, por los delitos de privación de la libertad agravada y torturas contra Oscar Guidone, Roberto Vélez y Martín Lecea. Algunos hechos: la brutal tortura física y psíquica contra Guidone, secuestrado por personal del Ejército y en la Compañía de Comunicaciones VIII, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Monseñor Rey, que testimonió en el juicio pasado y arguyó no recordar el papel de la Iglesia en el terrorismo de Estado, casó a Guidone en el “despacho” del torturador Migno, bajo actuación de dos funcionarios del Registro Civil. Lecea y Vélez, militantes del partido Comunista, fueron aislados y torturados en Comunicaciones en 1976.

075-M: procesados Furió, Oyarzábal, Fernández, Miranda y Morellato por los delitos de privación de la libertad agravada, tormentos y desaparición forzada de Roberto Blanco, Blanca Santamaría, Miguel Poinsteau, Oscar Ramos, Oscar Iturgay y Angeles Gutiérrez de Moyano. Este grupo fue perseguido entre principios de 1.976 y mediados de 1.977. De extracción peronista, en Montoneros o en la JP, y con pruebas de haber sufrido el modus operandi del personal del D2.

055-M, procesado Puebla, por los delitos de privación de la libertad agravada, tormentos,  asociación ilícita y robo contra Ángel Bustelo. En el anterior juicio había sido condenado por estos hechos Dardo Migno. Puebla está sindicado como responsable del Centro clandestino de detención, Comunicaciones. Apenas uno de los traslados donde se reprimió al abogado y dirigente del partido Comunista.
(ver Causa Bustelo)

Calificaciones y pedidos de prisión preventiva
Tras el cuarto intermedio las querellas solicitaron modificaciones acordadas con pequeñas aclaratorias o añadiduras. El cambio en las calificaciones se sustenta en precedentes de los procesos realizados en 2010 en San Rafael, en 2011 en la Ciudad de Mendoza y en el juicio en curso en San Juan.

Fiscalía hizo un planteo, invocando el principio de congruencia, para modificar algunas imputaciones: se incorporaron agravantes en las privaciones de la libertad y en todos los casos los acusados deberían ser juzgados por asociación ilícita. Además se estableció que en los casos de tormentos, secuestros y desaparición de personas correspondería la acusación por homicidio calificado; encuadrados siempre dentro de los delitos de Lesa Humanidad. 

También se solicitó la detención de los 6 imputados que llegaron en libertad al actual proceso: Puebla, Fernández, Morelatto, Bruno, Garibotte y Miranda. Para el Dr. Salinas (MEDH) la mecánica de ocultar los cuerpos "de nuestros desaparecidos" respondió al interés de que, llegada una instancia judicial, se atenuara el cargo de privación ilegítima de la libertad. "Mantener libres a estos señores después de los espantosos  crímenes que cometieron es, justamente, desmerecer esos crímenes". El Dr. Peñaloza (Secretaría Derechos Humanos) señaló que es responsabilidad del Estado Nacional "ante los organismos internacionales que estos delitos se investiguen, se juzguen, se condenen, y que esa condena se haga efectiva", por lo cual es imperioso "que los acusados estén presentes o puedan ser inmediatamente individualizados" y que "el modo más seguro de que eso suceda es que estén detenidos".

Por último, para el Dr. Vega (Fiscal), si bien no se puede responsabilizar hasta el momento a los imputados por las amenazas sufridas por el juez Burad, la detención serviría para dar un mensaje claro a los “nostálgicos" que suponen que gozan de impunidad para realizar actos de amedrentamiento de ese tipo.