jueves, 31 de marzo de 2011


Audiencia del 30 de marzo

CAUSA SÁNCHEZ CORONEL: Importante reconocimiento fotográfico



Con el testimonio de Ramón Alberto Córdoba se inició el debate por la causa de la desaparición forzada de Ricardo Luis Sánchez Coronel, en la cual el único imputado que queda es el comisario general retirado Juan Agustín Oyarzábal. Afronta cargos por privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por abuso de violencia y violación e imposición de tormentos agravada por persecución política, redundando en delitos de Lesa Humanidad con asociación ilícita.

El 4 de junio de 1.976 irrumpieron en la casa matriz del ex Banco de Mendoza miembros armados del Ejército vestidos de civil y secuestraron a Ricardo Sánchez Coronel, maestranza, delegado gremial y militante montonero. El 23 de junio la 8ª Brigada de Infantería, con firma de Tamer Yapur, informa al directorio que Sánchez Coronel figura como detenido y fugado el 10 de junio. El 10 de septiembre el Banco cesantea al desaparecido por injurias graves y pérdida de confianza por parte de la empresa.

Ramón Alberto Córdoba

Córdoba, empleado de la sucursal Villanueva y militante de la juventud peronista, compartió con Sánchez Coronel la comisión gremial interna del ex Banco de Mendoza. Al tanto pero sin conocimiento de las circunstancias de la detención de su compañero, Córdoba y otros bancarios sufrieron en carne propia la represión y el cautiverio.
El 30 de julio de 1.976 Córdoba fue interceptado en la terminal por un grupo de hombres armados en un Citroen perteneciente a José Galamba, secuestrado tiempo antes. Golpeado, esposado y vendado fue llevado a un recinto oscuro y luego recibió su primera sesión de picana. Entre auscultaciones médicas conoció los interrogatorios del “Porteño”. En el D2 se encontró con sus compañeros Ubertone y David Blanco. Sánchez Coronel ya no estaba, había sido visto por Rosa Gómez, muy mal e imposibilitado para moverse. También de Alicia Cora Raboy tuvo comentarios sobre su cautiverio en el D2, al igual que de Daniel Moyano, Alfredo Escames y Gisela Tenembaum, reconocidos fotográficamente.
El penar de Córdoba por los CCD y prisiones abarcó el D2 (hasta octubre del 76),  comisaria 7ª (hasta enero del 77), Penitenciaría Provincial (hasta septiembre del 77) y las cárceles de Sierra Chica (hasta septiembre del 78) y Caseros (hasta septiembre del 81, cuando le dan libertad vigilada). En casi todos los traslados estuvo junto a Blanco, Velardinelli y Roque Luna.
Remarcó de la comisaria 7ª la violencia ensañada contra el grupo de Amaya, el simulacro ejercido por los policías para que los prisioneros creyeran estar en un cuartel, la tortura a la que sometían a chicos de la calle, la solidaridad de mujeres en situación de prostitución y la certeza de que desde la iglesia aledaña era imposible desconocer lo que sucedía en las mazmorras.

Como además del Mendoza había trabajado en el Banco Italia, Córdoba pudo reconocer a custodios policiales actuantes en la represión. Del álbum de la Comisaría Séptima señaló a Eusebio Lima, Moyano, José Lorenzo y Ramón Álvarez Rojas (torturador de niños). Del álbum del D2 a Bracón Lezcano, Rafael Montes, Ricardo Vásquez, Alfredo Castro (muy violento), Mario Esteban Torres, Manuel Bustos Medina (“Mechón blanco”, presente en su tortura) y Marcelo Rolando Moroy Suárez (“Facundo” a cargo de los traslados y reconocido también en el álbum negro, al igual que Ulrico Salvatierra).
Por su memoriosa y detallada descripción del régimen de encierro y las características edilicias del D2, aseguró como imposible que Sánchez Coronel pudiera escapar, como se sostiene en los libros de asiento y en su prontuario. Sobre las razones de la propia detención dijo que no hubo otra intención que desbaratar la organización sindical de los empleados bancarios.

Un inimputable más

La audiencia matutina comenzó con malos augurios para el lado de la justicia pero con el ejercicio pleno de los derechos humanos y la democracia: Tamer Yapur fue declarado inimputable debido a severos deterioros en su salud física y mental. El máximo responsable de la represión en Mendoza, entre los imputados presentes actualmente, recibe la posibilidad de que el proceso en su contra sea suspendido debido a un cuadro que lo mantiene en estado vegetativo. De esta manera, de las 18 causas sólo seguirán en debate las próximas semanas, además de Sánchez Coronel, las concernientes a Paco Urondo y Alicia Raboy, Rafael Olivera y Nora Rodríguez, Aníbal Torres, Ángel Bustelo, Salvador Moyano y Jorge Fonseca.
No obstante el Tribunal aclaró que las causas “no se caen”, sino que quedan en suspenso: Una vez que Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y responsable máximo del plan sistemático de exterminio perpetrado en el Centro-Oeste de Argentina, concluya su “raid” de juzgamientos por todo el país (hacia fines de octubre), deberá comparecer en nuestra provincia y las causas serán reactivadas. Además se propicia la inculpación de otros probables represores señalados en los presentes juicios. En tal dirección la querella solicitó compulsa penal contra el ex comisario Horacio Salinas por falso testimonio en su declaración del 29 de marzo, por inconsistencias y deliberadas mentiras acerca del papel de la responsabilidad policial subordinada al Ejército en la “guerra contra la “subversión”.
Por otro lado, por condiciones de salud, Luis Alberto Rodríguez Vázquez se reintegra al régimen de detención preventiva domiciliaria, condición que no pudo obtener otro ex policía, Celustiano Lucero, que seguirá detenido en el Complejo San Felipe.

miércoles, 30 de marzo de 2011

Audiencia del 29 de marzo

CAUSA DE MARINIS (III): La familia policial

Además de Sebastián Cutugno, cuñado de Lidia, declararon policías retirados de la provincia. Como en el resto de los juicios, los testimonios de la jornada reflejaron la desmemoria policíaca, su nula voluntad para cooperar con la justicia y el alto grado de complicidad con el accionar represivo a cargo de las Fuerzas Armadas.

Sebastián Cutugno

Periodista, casado con Isabel De Marinis con la cual vivía en Buenos Aires los meses previos al secuestro de Lidia. La pareja se veía con “Lila” con frecuencia.
A fines de 1.976 mientras Cutugno atendía su carnicería del barrio Decavial, un hombre que rondaba la zona le informó que Lidia estaba viva en la cárcel provincial y necesitaba ropa, víveres y dinero. Por tanto comunicó al resto de la familia que, con alguna esperanza, recogió lo solicitado. El oportunista, con apariencia y modos de policía, no volvió a ser visto.
Acerca del destino de su cuñada, Cutugno estima que le sucedió “lo mismo que a los 30.000 desaparecidos por las fuerzas de seguridad”.

Ricardo Daniel Révora

Policía provincial durante 4 años y medio, se inició en la comisaría 25ª de Guaymallén y lo jubilaron en 1.971 por un accidente laboral. Hoy funge como abogado defensor de policías.
A fines de 1.976, durante un recreo en el Nacional nocturno de Guaymallén, conoció de parte de Gustavo De Marinis el relato del secuestro de Lidia. Como el resto del curso sacaba hipótesis “según un artículo de Los Andes, que mostraba que los operativos contra la guerrilla se efectuaban con personal encapuchado y en falcon verdes”, Révora “consoló” a Gustavo preguntándole si ella no se había ido con el novio y (lo que hoy niega) que estaba en el D2.
Nervioso e impaciente, Révora se desdijo varias veces en su propio relato y ante las requisitorias de fiscales y querellantes (“los de los derechos humanos”) acerca de la imposibilidad de que el diario Los Andes haya mencionado siquiera a los grupos de tareas o que sus compañeros del secundario pudieran conocer esa información por alguna fuente de la época.

Remarcando su experiencia en el ejercicio profesional de la defensa de policías, Révora alternó mentiras con verdades, con notoria contradicción: “El sustrato real de la Policía es la obsecuencia, que se llame información es otra cosa”. Interrogado sobre el conocimiento que pudiera tener sobre la represión dictatorial, arguyó que cuando iba a cobrar la pensión recibía la orden de que “los oficiales retirados no tienen que hablar ni decir nada”, pero requerido sobre quiénes daban ese mando, remató “no me pregunte quién era porque no me acuerdo”. Con el latiguillo “tipo canchero, sargento primero” hizo alusión a que los subalternos podían engañar a los oficiales de servicio en determinados operativos, sin embargo destacó que “el viejo reglamento es mucho más sabio que las nuevas medidas políticas para la Policía”.
Sobre la subordinación a las Fuerzas Armadas, concluyó: “Éramos teóricamente militares en el 76. El Ejército siempre fue poderoso, pero cuando se sintieron deshauciados echaron mano de la Policía. Éramos su sirvienta”.

“No saben”, no contestan

Luego del testimonio de Ricardo Révora, declararon como testigos Horacio Antonio Salinas y José Antonio Lorenzo, ambos prestaban servicios en la Comisaría 3º cuando fue secuestrada Lidia De Marinis. El primero, con el rango de Subcomisario, estaba a cargo de la dependencia, el segundo un novato oficial de servicio. A su medida y conservando la distancia que establece el escalafón los dos policías, ahora jubilados, abundaron en contradicciones, incoherencias, lagunas y olvido.
Preguntado por las razones por cuales la noche del secuestro el personal policial llegó al domicilio de la familia De Marinis cuatro horas después, a pesar de que estaba a tres cuadras, Horacio Salinas dijo que seguramente los oficiales estarían abocados al movimiento del Hospital Central y al “control de la prostitución”. En consecuencia, objetó las declaraciones de otros policías de la misma seccional que han manifestado que se trató de un procedimiento en el que la policía, por orden del Ejército, no debía intervenir. No solo negó esto, sino que también dijo desconocer la existencia de un trabajo coordinado entre  Policía y Ejército como lo certificó, ante la Cámara Federal en 1985, el Comisario General Pedro Dante Sánchez Camargo, y lo ratificó, en este juicio, el oficial Jorge Bergerat que estaba bajo las órdenes de Salinas.
Con asombrosa obstinación y contrariando afirmaciones de toda índole, Salinas negó que hubiesen habido cambios a partir de que la Policía pasó a estar bajo control operativo de las Fuerzas Armadas, negó presencia de militares en su comisaría, operaciones conjuntas, órdenes libradas desde el ejército, manejo de “santo y seña”, etc. Las negaciones de Salinas fueron interrumpidas solamente por sus largos silencios y por las numerosas intervenciones del Tribunal para recordarle que el artículo 275 del Código Penal sanciona el falso testimonio.
Por su parte José Lorenzo, amparado en el bajo rango que ocupaba entonces, también dijo desconocer los vínculos concretos entre la Policía y  el Ejército, y aseguró no recordar el secuestro de Lidia. No obstante, precisó que por las características del hecho se trató de una “zona liberada” donde “la policía deja actuar y después procede”, todo esto a pesar de haber manifestado qué era una zona liberada cuando dejó de cumplir servicios en 1992. Vacíos, inconsistencias y una frase recurrente “honestamente no lo recuerdo doctor”, fue todo lo que aportó José Antonio Lorenzo en la búsqueda de los responsables del secuestro y desaparición de Lidia De Marinis.

jueves, 24 de marzo de 2011


Audiencia del 23 de marzo


CAUSA DE MARINIS (II): Sobre datos y autos

Continúan las audiencias en torno a la causa por la desaparición de Lidia De Marinis. Precisos testimonios de sus hermanos Gustavo e Isabel y el cercano de una amiga Olga Ballarini generaron interés para la investigación.

Isabel De Marinis

Porque vivía en Buenos Aires y frecuentaba asiduamente a su hermana Lidia, el testimonio de Isabel De Marinis fue amplio acerca de la militancia de la joven desaparecida. Isabel estuvo en contacto con Lidia hasta los días anteriores a su huida hacia Mendoza, debido a que sus compañeros del ERP en Buenos Aires habían sido recientemente desaparecidos.
Isabel relató que la cabeza del ERP en Mendoza era Santiago Ferreira, trasladado desde Córdoba por el teniente Marcó del Pont. Ferreira como su pareja, ambos cordobeses, permanecen desaparecidos y se sospecha que fueron torturados en el D2. La testigo explicó que su hermana comenzó su militancia guevarista a partir de 1.974 en Buenos  Aires y al año siguiente, de nuevo en la provincia, repartía el diario Estrella Roja. Cuando la persecución se hizo mayor, se refugiaban en el barrio Fuchs, en casa de los Bernal.
Como el resto de la familia, Isabel soportó el trato despectivo en las gestiones en búsqueda de su hermana. En la antigua comisaría de calle Patricias Mendocinas, el comisario Fernández la interrogó sobre las actividades de la familia, en oficinas del Ejército el sargento Cardozo se burlaba de sus reclamos y al Palacio Policial fue 10 veces infructuosamente.
Isabel aportó que después de testimoniar en 2.008 ante el juez Bento, recibió una llamada de Elida Gómez, de visita en la casa de una amiga en el Barrio Bombal el 3 de junio de 1.976, fecha del secuestro de Lidia para el cual los represores montaron operativos paralelos en pos de su captura. Uno de esos operativos fue en la casa de Dora, la otra hermana De Marinis, en calle España de ese barrio. Elida dijo a Isabel que durante todo ese día vio rondar a dos vehículos, un Peugeot rojo y uno blanco. El Tribunal apuntó así, una posible citación.

Gustavo De Marinis

A los 15 años, Gustavo De Marinis, actualmente periodista, fue testigo del secuestro de su hermana Lidia en la casa de la familia. Eventuales informaciones que recogió tras sus pasos abren pistas para la investigación.
Despertado de un culatazo en la cabeza al grito de “no mirés pendejo de mierda”, Gustavo comprendió que el terror irrumpía en su familia. Fue la noche del tres de junio de 1.976 cuando el grupo armado que ingresó a la casa, ató y enfundó a sus padres, mientras golpeaban a Lidia y le exigían información sobre Horacio Basterra, su ex pareja. Los secuestradores se fueron diciéndole a la madre “hacete cargo del pendejo”, por Lisandro, el bebé de 5 meses de Lidia. Dos días después Gustavo recibe un llamado telefónico en su trabajo, por el cual una voz masculina les decía (a la familia) que “no se olvidaran de las vacunas de Lisandro”, aquejado por un problema respiratorio. Por esos días Gustavo era vigilado por un policía que reconoce como Justo Guerra, vecino de la familia en San José. Guerra, hoy retirado, es dirigente del fútbol local.
El principal aporte de De Marinis consistió en una información que le dio Ricardo Rébora, por entonces compañero de Gustavo en el Nacional nocturno de Guaymallén y policía, a una semana de la desaparición de Lidia. Rébora le dijo que su hermana estaba prisionera en el D2. En encuentros posteriores, Rébora negó completamente haber aseverado el importante dato. El Tribunal decidió citarlo a declarar y hasta confrontarlo a un careo.

Olga Ballarini

Declaró también Olga Ballarini, amiga personal de Lidia De Marinis. Olga fue compañera de estudios de “Lila” en Córdoba cuando la joven cursaba odontología. Desde 1972 hasta que secuestraron a Lidia,  mantuvieron una relación muy cercana aunque sus encuentros en los últimos años fueron casuales y su contacto fue mayormente  epistolar.
Olga contó que hubo un cambio marcado en Lidia a partir de su adhesión al PRT, una determinación que tomó viviendo en Buenos Aires, “la vi muy lúcida en cuanto a una lectura crítica de la realidad, con una decisión de protagonizar la historia y no de padecerla”. A mediados del 74 la joven De Marinis y su pareja, Horacio Basterra, llegaron a Mendoza escapando debido a que “estalló” su célula partidaria. En esta ocasión Olga, le conseguiría refugio a Basterra con todo el riesgo que eso significaba. Lo mandó a casa de una familia conocida que paradójicamente tenía entre sus integrantes varios policías. Aquí surge un dato importante: Basterra le contó que por informantes del PRT, sabía que su amigo el oficial Moisés Grigor, “era buena gente” porque se había negado a firmar para integrar la nómina de policías dispuestos a torturar. Ballarini también le salvaría la vida a la pareja de su amiga cuando regresó del monte tucumano en pésimas condiciones de salud.
Durante largo tiempo los contactos con “Lila” fueron casi nulos y recién tuvo noticias en mayo del 76 cuando Dora De Marinis la citó para contarle que a la joven la habían secuestrado las fuerzas de seguridad. A pesar de su cercanía, la casa de Olga Ballarini no fue allanada, sin embargo también fue víctima de persecución: tras el secuestro no cesaron las amenazas telefónicas y su correspondencia fue violada por muchos años incluso en tiempos de democracia, “me entregaban los sobres abiertos y me decían son órdenes de arriba”.
También relató que ayudó a Lidia y a su compañero por respeto a la decisión que habían tomado, por su convicción y disposición, incluso “a perder la vida”. Así recordó Olga Ballarini a su amiga, y agregó que participaba únicamente en la difusión del material de propaganda del PRT.

miércoles, 23 de marzo de 2011

Audiencia del 22 de Marzo

CAUSA DE MARINIS: Operativos paralelos y terror sobre una familia

Hacia la medianoche del 3 de junio de 1.976 un grupo de agentes disfrazados irrumpió en la casa  de la familia De Marinis y secuestró a Lidia Beatriz De Marinis, militante del PRT-ERP, madre de un niño de 5 meses que venía huyendo de Buenos Aires porque todo su grupo partidario ya había sido desmembrado. En la causa por allanamiento ilegal de morada, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado está procesado el ex coronel Tamer Yapur. Calificado como autor mediato en asociación ilícita, su implicancia se considera delito de Lesa Humanidad.

Dora De Marinis

La pianista aportó información fundamental sobre la desaparición de su hermana Lidia: la noche de su secuestro, los grupos de tareas efectuaron dos operativos paralelos para asegurar su captura. También detalló el infierno a que fue sometida la familia. El 30 de noviembre había testimoniado la madre, Isabel Figueroa.

La tarde del 3 de junio de 1.976, Dora estuvo por última vez con su hermana “Lila”. En la casa paterna vieron un informativo sobre la detención en el barrio Fuchs de un “grupo subversivo”, de los cuales Lidia dijo conocer a algunos. Cerca de las 12 de la noche, ya en su hogar del barrio Bombal junto a su marido y sus dos hijos, tras un timbrazo abrió la puerta por la cual se abalanzaron seis personas armadas y cubiertas con pasamontañas que apuntaron a su cabeza mientras la ataban y vendaban, al igual que a su marido y la empleada. Para despistar a la patota acerca del paradero de su hermana, les indicó que estaba en Buenos Aires. Luego de revisar la casa en busca de material incriminatorio, se fueron ordenándoles que “sigan con su vida normal”. Al amanecer llegó la madre, Isabel Figueroa, con la confirmación del terror y del plan paralelo: Lidia había sido secuestrada durante la medianoche.
A partir de allí nació la incesante búsqueda de Lidia por parte de su familia: Dora redactó los hábeas corpus para Videla y Harguindeguy; y en 1.980 radicó una denuncia en Alemania ante Amnistía Internacional donde le dijeron que de Córdoba, Tucumán y Mendoza casi no había sobrevivientes pues Menéndez no dejaba a nadie vivo.
Elvio Villafañe, marido de Dora, hizo averiguaciones por allegados que redundaron en el desdén y el oportunismo.
Sebastián Cutugno, cuñado, a través de un contacto policial que exigió dinero y ropa para Lidia, recibió la versión de que la habían trasladado a Córdoba.
Horacio Basterra, ex pareja de Lidia, suponía que la habían arrojado al Carrizal.
Isabel, la mamá, que asumió la desesperada búsqueda para que Lidia “pasara de la categoría de desaparecida a detenida”, debió soportar en una entrevista que Tamer Yapur le dijera que no le gustaba ver llorar a la gente en su despacho.
Para la familia todo esto significó otra cara “del régimen del terror y la violencia para amedrentar y aterrorizar a las víctimas”.
Lo que se desprende de las hipótesis de los familiares y de los datos recogidos es que si ambos operativos en sendas casas no fueron simultáneos, fueron inmediatos: “Fueron a las dos casas para cubrir las dos posibilidades”, porque “Lila volvió a Mendoza porque no tenía dónde más ir y ellos lo sabían todo”.

Acerca del destino final de su hermana, Dora pulsó suave sus dedos sobre la mesa como si fuera un piano, los abandonó y dijo: “la torturaron, la mataron, no tuvo suerte, nunca la reconocieron, nadie la vio nunca. El plan orquestado desde el Estado, terminó en el Terrorismo, terminó con la vida e ideales de toda una generación. Mi generación”.

Elvio Villafañe

El cuñado de Lidia De Marinis, ofreció su testimonio. Detalló situaciones y dio nombres que se vinculan con el secuestro y la desaparición de la joven.
Con voz firme y con la exactitud de las personas aplicadas a las reglas y a los cálculos, Elvio Villafañe dio precisiones de hechos que acontecieron en su vida y que se relacionan con el secuestro y la desaparición de Lidia de Marinis.
El terror y la persecución a la que fue sometida la familia De Marinis se expresó de diferentes maneras entre sus integrantes. Por sus méritos como ingeniero civil, Elvio Villafañe tenía a cargo un área de la Municipalidad de Godoy Cruz y había sido designado como docente en la Universidad Tecnológica. Su parentesco con Lidia motivó el cesanteo en su trabajo y la destitución de su cargo. Persecución, marginación laboral, aislamiento entre sus colegas y desamparo de sus amigos fueron las consecuencias de la aplicación del decreto 177 que se refería a quienes tenían vínculos con “subversivos”.

No obstante, Elvio no se desvinculó de la búsqueda de su cuñada. Junto a Isabel Figueroa, su suegra, hicieron todo lo que tuvieron al alcance para dar con el paradero de Lidia. Remitieron diversos hábeas corpus e insistieron incansablemente para ser escuchados por los jefes del Ejército: sólo consiguieron que el Coronel Tamer Yapur los atendiera cinco minutos en su despacho para decirles en tono burlesco: “vaya a saber lo que ha hecho su hija… tal vez se haya ido a Córdoba”.
Apenas secuestraron a Lidia, Elvio recurrió a Jorge Atencio, un compañero de trabajo, hijo de un militar retirado. En un primer momento éstos se mostraron preocupados, luego se esfumaron entre el silencio y la indiferencia. Años más tarde -en 1979- su trabajo lo vincularía con Carlos Marcos, un oficial de la policía que cuando conoció el caso se interesó pero esta vez el desenlace sería más trágico. Marcos lo llevó al D2, le mostró el prontuario de su cuñada y le indicó que su contratapa estaba señalada con una gran cruz roja (hoy borrada): “Sabés qué significa eso, que está muerta, no la busqués más, ni a mí tampoco”, le gritó amenazante.

En su interpretación acerca del secuestro de Lidia, Villafañe dijo: “mi cuñada fue secuestrada y desaparecida por los militares que están siendo juzgados aquí y por otros que no están siendo juzgados, y a la familia la condenaron a vivir una vida de desesperación”. Mirando fijo a los acusados prosiguió: “todo el pueblo argentino está quebrado por lo que hicieron estos señores, porque lograron que todos se olvidaran de la solidaridad, del género humano, de la persona que está al lado, a dirigirse solamente para que se los mate, se los secuestre y les quiten todo, porque esto es lo que hicieron con mi familia”.

Más pruebas documentales para los Juicios

La jornada se inició con la lectura pública de información agregada a las causas, disponible como pruebas instrumentales, todo en copias: sumarios y hábeas corpus por denuncias de familiares de desaparecidos presentados a las Policías provincial y federal, a Gendarmería, a la 8ª Brigada de Infantería y la Fuerza Aérea; extractos de libros de novedades de las comisarías; legajos de la CONADEP por las desapariciones de José Antonio Alcaráz y Silvia Campos como también las notas suscriptas por Tamer Yapur y Luciano Menéndez dando no lugar a las demandas presentadas por los padres de las víctimas; nóminas de personal de la U. R. 1 actuante entre 1.976 y 1.979; declaraciones indagatorias a Sánchez Camargo, Santuccione, Yapur, Maradona, Dopazo, Saá, Furió y Menéndez (todas entre 1.986 y 2.006); organigramas del Ejército y planillas del 3º cuerpo y del 8º Comando; organigramas represivos de la subzona 33, documentos reservados de la Escuela Francesa de Represión sobre la lucha antisubversiva; instructivos para operaciones de seguridad y documentación remitida por la policía científica.


miércoles, 16 de marzo de 2011



Audiencia del 15 de marzo

VILMA RÚPOLO, Para la libertad

Bailarina, coreógrafa, artista íntegra, Vilma Rúpolo dio un testimonio humano, con una mirada sensible sobre la terrible experiencia a la que fue sometida junto con sus compañeros. Antes que la dictadura trastocara su vida fue la aficionada a la filosofía y el periodismo (con mimeógrafo en casa), la maravillada por el Chile de Allende, la conmocionada por el brutal asesinato de Amadeo Sánchez, la militante del PRT, la amiga y compañera de Virginia “Vivi” Suárez y Daniel Moyano. Sobre este último, de cuyo paso por las garras de los genocidas casi no existen pistas acerca de dónde ni cómo fue asesinado, aportó una pista: de acuerdo a un comentario lejano, Moyano muere de fiebre, totalmente ensangrentado, contra las paredes de los calabozos del D2.

Vida y muerte en el casino

Vilma Rúpolo fue secuestrada el 1º de junio de 1.976 de la casa de sus padres en el barrio Bombal, de la cual allanarían luego hasta las baldosas del patio. Fue golpeada en el camión de traslado y empujada a una especie de casa en calle Boulogne sur mer, atrás del hospital militar. Se trataba de una dependencia del casino de suboficiales en la Compañía de Comunicaciones y Servicios, bajo custodia de los “soldaditos” Ledesma, Brione, Ríos, Montiel y Varas. Allí se encontró con un grupo de mujeres detenidas a partir del 24 de marzo, entre ellas Dora Wofart de Lucero, Cora Cejas y Bety García. Sin maltratos a las prisioneras y en condiciones aceptables (con cubiertos cuyas inscripciones rezaban “Ejército Argentino”), Vilma, madre reciente, creyó oportuno y necesario sobrevivir al cautiverio junto a Mariano, su bebé de dos semanas de vida. Por intermediación de su madre logró que dos sacerdotes intercedieran por su reclamo ante las autoridades militares. Quince días después, su hijo estaba con ella.
Sin embargo, la pasividad represora en este Centro Clandestino no abarcaría a Rúpolo, quien soportó siete terribles sesiones de torturas y vejaciones durante los interrogatorios. El lugar, más allá de las maniobras distractivas de los represores, se encontraba en las inmediaciones de la casa y la víctima lo ubicó en reconocimientos posteriores en barracas de siete escalones –hoy demolidas- dentro del predio militar. La sala de torturas fue “inaugurada” con ella, y cómo aún no disponía de instalación eléctrica, no le fue aplicada la picana. Pero sí otros tormentos y golpizas mientras permanecía colgada con alambres al techo: patadas en el vientre, bolsa asfixiante, simulacros de fusilamiento. La aplicación de tormentos duraba más de dos horas y los torturadores eran tres: según investigaciones realizadas por una compañera de cautiverio y periodista, se trataba de “Willy” Armando Carelli (sin confirmación), el sargento Pagela y Juan Carlos García (de Aeronáutica, más tarde dudoso “héroe” de Malvinas), todos al servicio de Investigaciones. Vilma volvía deshecha y hasta inconsciente a la casa, pero siempre encontraba la fuerza para sobreponerse, gracias a la solidaridad de sus compañeras y a la existencia de su niño.
El ensañamiento sufrido por la artista tiene explicación desde la lógica asesina de los exterminadores: de acuerdo a una entrevista de su madre, probablemente con Tamer Yapur, Vilma tenía como destino el D2. Pero se salvó porque estaba lleno…

Volver a bailar

Entre fines de agosto y principios de diciembre continuó su pena en la cárcel provincial. En su ingreso divisó al trío de torturadores apostados en la entrada, desafiantes. Ella llegaba con 45 kilos. Ante el inminente traslado a la cárcel de Devoto, el director Naman García le comunicó que debía separarse de su hijo de cinco meses. La madre, desesperada, exigió un recibo, una constancia mínima para aferrarse a la esperanza. Con ese “papelito” voló en el Hércules, con los militares dejando entrar “aire del cielo”, poniendo a las prisioneras al borde del vacío.
En Devoto son regadas, desnudadas y fichadas frente a la inmensa cruz de la capilla. Tiempo después sufre un infarto silente por lo que es internada en el hospital Güemes.
Al tanto de su sobreseimiento definitivo, al compás de un coro de compañeras, Vilma bailó las dos horas de recreo, porque “el arte nos ayuda a sobrevivir”. Y como “nunca olvidó nada, ni nada fue en vano” rescató la valentía de las mujeres, su solidaridad y comunicación, su organización ejemplar frente al cautiverio, como el acto de silencio pactado a las 15 horas todas las tardes, cumplido a rajatabla por 930 prisioneras.

martes, 15 de marzo de 2011


Audiencia del 14 de Marzo

Estudiante, soldado y víctima

Valioso por lo inesperado y exhaustivo fue el testimonio del agrimensor Eduardo Argentino Morales, testigo general aportado por el MEDH, en el juicio por delitos de Lesa Humanidad. Precisó información relevante acerca de la operatividad de los grupos de tareas, reconoció a represores del D2 y confirmó los abusos a una detenida de ese CCD.

Cerca del mediodía del sábado 12 de junio de 1.976, Eduardo Morales fue detenido con su compañero Martínez, por tres personas armadas sin uniforme frente a su domicilio de calle Avellaneda de Ciudad, allanado 48 horas antes y en conocimiento de un suboficial. Esa fatídica e irónica mañana Morales volvía a ser civil ya que acababa de concluir la proscripción por el servicio militar y le habían entregado la libreta de enrolamiento y el certificado de “buen soldado”. Trasladado al D2, inicia un periplo de casi dos años por las mazmorras de la dictadura, hasta su liberación en mayo de 1.978. Además de los 4 meses en el D2, estuvo preso en las comisarías 1ª y 9ª, en la Penitenciaría provincial y en La Plata. A pesar de que se encontraba a disposición del Consejo de Guerra, nunca conoció cuál fue su condena.

Interrogado por el Ejército, torturado por la Policía

En el D2, Morales, desnudo, vendado, atado sobre un banco y gritando el nombre del Teniente Coronel Cheró (superior suyo durante la proscripción) recibe el primero de tres interrogatorios con torturas. Recibió golpes, “submarinos” y simulacros de fusilamiento en averiguaciones de contrainteligencia (chapas, nombres y relaciones del VIII Comando de Infantería) y sobre conocidos (Isabel Navarro, Emilio Vernet).
Desde su calabozo pudo divisar los frecuentes abusos que “Mechón blanco” infligió a Rosa Gómez. También recordó a Marcelo Moroy (Sérpico) y “Facundo”, entre los torturadores. Además, en el posterior reconocimiento fotográfico identificó a otros represores, Juan Antonio Serrano y Mario Torres (Caballo loco) y a los desaparecidos por ese Centro Clandestino, Alfredo Escames, Gustavo Suárez y Gisela Tenembaum.

Morales deja de cursar en la UTN a fines de 1.974. Como militante de la Agrupación Universitaria Nacional (Frente de Izquierda Popular), delegado y partícipe en la creación del comedor universitario, brindó un panorama de los grupos de extrema derecha que confeccionaban listas de estudiantes “subversivos” y atentaban contra las organizaciones gremiales y estudiantiles. Se sospechaba de personas que eran servicios: Roberto “Pato” Lucas, Fredy “Amorfo” Fernández, Seijoo y Paul Burlot, todos de la Concertación Nacional Universitaria. A fines del 74 ya con Seijoo como Decano, unos 20 estudiantes de la UTN fueron intimidados por tres matones de la CNU en el sindicato de Gráficos, donde una semana después explotaría una bomba. Sobre Guillermo Amstutz dijo que integraba el peronismo de derecha pero más atenuado, en la Línea Nacional.
Desde abril de 1.975 hasta el día de su secuestro, Morales debió realizar por prórroga el servicio militar en el 8º Comando de Infantería de Montaña, mayormente como escribiente. Esta condición, que paradójicamente sería su condena, le permite hoy dar detalles internos y datos desconocidos sobre el accionar represivo:
Sobre el 8º Comando de Infantería de Montaña dijo que los despachos de Maradona y de Yapur (máximas autoridades) se encontraban en el primer piso y eran de acceso muy restringido. Reconoció al Teniente Coronel Dopazo, a Gomez Saá, a Paulino Furió y al sargento Pagela como miembros de Inteligencia. Participó de algunos operativos con cortes de calles e ingresos de soldados armados a los colectivos de línea en busca de indocumentados. Al mando estaban el Capitán Dip y el Teniente Coronel Landa Morón. Agregó que ingresaban falcon sin identificación y que en octubre del 75 fueron enviados soldados a Tucumán.
El 23 de marzo ya sabían en el Comando del golpe en ciernes. La noche del 24 acompaña armado al suboficial Gatica a notificar a un legislador sobre su detención. En otra oportunidad condujo al Capitán Dip al traslado de un detenido hasta el Liceo, repleto de prisioneros, y en la vuelta por la Compañía de Comando de Servicio vio más presos en una dependencia. Posterior al golpe tuvo indicios de que en el Comando se produjo una reunión entre autoridades del Ejército, la Aeronáutica y Santuccione.
En abril fue enviado al D2 a llevar unos papeles con la firma del Tte. Cnel. Cheró y alcanzó a leer tres nombres, muy posiblemente de secuestrados que pasaban al D2. Allí escucha por primera vez el tono particular del “Porteño”. La segunda vez sería bajo tortura.

Dueño de una gran memoria, Morales se mostró lúcido, detallista, y abierto a las requisitorias del Tribunal. Y por momentos visiblemente conmocionado: “espero que mi testimonio sirva de algo, por tantos amigos desaparecidos y asesinados.”

jueves, 10 de marzo de 2011

Audiencia del 10 de marzo

CAPPATO Y ALZAMORA: TESTIGOS POR SILVIA CAMPOS
Frida Cappato, compañera de estudios de Silvia Campos y un vecino: Raúl Alzamora ofrecieron detalles sobre el secuestro de la joven, aún Desaparecida, que confirman la ferocidad del procedimiento.El policía jubilado Abel González Maldonado brindó un testimonio de dudosa veracidad sobre la causa que investiga la Desaparición de los hermanos Talquenca.
Silvia Campos estaba en su casa, compartiendo el cuarto con su compañera en Medicina, Frida Cappato, en el momento que llegó la patota a secuestrarla. Ese 14 de mayo del ’76, ambas había rendido y aprobado Farmacología, luego fueron la cine y de allí a la casa de Silvia, según relató la compañera. Ella recordó que el ingreso de las fuerzas a la casa fue por demás violento; confirmó su vestimenta: borceguíes y pantalón de fajina, pero no aportó otros datos porque fue encapuchada con la funda de la almohada. Agregó que no hubo requisa ni llevaron bienes de la casa sino que arrancaron a Silvia de la habitación y se fueron. Entendió que el operativo era inesperado ya que ellas diariamente asistían a cursar al Hospital Central  y, al ingresar,  les pedían los documentos para cotejarlos con una lista de alumnos que verificaba un retén del Ejército. Nunca habían tenido problemas.
Frida Cappato, hoy médica en San Juan, hizo una elogiosa evocación de Silvia Campos, dijo que era muy linda y definida. ”Nunca encontré el motivo de su secuestro” añadió, no se le conocía militancia, pero aclaró que Silvia creía que los médicos  tenían un importante rol a cumplir, era una defensora de la “equidad y la justicia social “dijo. Algo cerca del socialismo.

El vecino escuchó gritos de terror
Raúl Alzamora, vecino de la familia Campos vio por la ventana cuando Silvia era cargada por la patota. Relató que la joven se resistía y en el tironeo golpearon el portón de su casa, lo que le hizo presumir que se trataba de un altercado personal, entonces llamó a la policía pero tardaron horas en llegar.
Desde un ángulo privilegiado pudo comprobar que “reventaron” la puerta de ingreso a la casa de los Campos y sacaron Silvia en ropa de cama y sin capucha; insultada con vergonzantes epítetos, que Alzamora no pudo repetir a pesar del pedido del Ministro Cortez, recordó que la respuesta de la joven al ataque eran “gritos de terror”. “Se la llevaron en forma equivocada, al igual que a la hermana” agregó el vecino.

Policía González no creíble
Abel González perteneció a la Seccional 29 de Maipú; era el oficial de guardia en el momento del secuestro de los hermanos Talquenca, realizado en su jurisdicción. Según consta en el libro de novedades, él había salido en el móvil a patrullar en el mismo momento en que se producía el operativo; sin embargo negó estar al tanto el hecho. Más aún, dijo ignorar las repetidas denuncias y reiteradas visitas del padre de los Talquenca a la Sec. 29º, en busca de datos sobre sus hijos, cuando él era la persona encargada de atender esas demandas. Desconocer el operativo y no haber visto al padre de los Talquenca en la comisaría lo deja en falta.
González, de unos 60 años, más que desmemoriado  se mostró  muy lúcido y pertinente en cada respuesta a los interrogantes formulados; se pintó a sí mismo como un legalista, conocedor de las atribuciones de la policía. Además, se esforzó por despegarse de los ilícitos y de paso, trató de dejar bien parada a la institución; remató sosteniendo: “de las desapariciones me enteré por los medios”.

jueves, 3 de marzo de 2011

Audiencia del 3 de marzo

MARTIN ALCARAZ FUE LA VOZ DE LOS CAMPOS


Se inicio el tratamiento de la causa por la Desaparición de Silvia Campos en la que está acusado Tamer Yapur.  La misma reunía otras dos desapariciones: la de Adriana Campos y José Alcaraz acaecidas en diciembre de 1977  pero el fallecimiento del imputado Juan Pablo Saa dejo trunco el juicio por estos dos casos. El policía Juan Carlos González no hizo aportes
 Por secretaría se dio lectura al acta de elevación a juicio de la  causa 053 M que investiga el secuestro y  desaparición forzada de la estudiante de medicina Silvia Campos. La joven de 23 años fue arrebatada de su domicilio en la madrugada del 15 de mayo de 1976 por un grupo sin identificación pero que calzaba borceguíes y pantalón azul. Por este procedimiento está imputado Tamer Yapur como autor mediato de privación ilegítima de la libertad, homicidio y otros.
Según la reconstrucción de la vida de Silvia, se sabe que integraba un grupo de estudio y formación política de la que participaban otros estudiantes vinculados el PRT-ERP. Su secuestro coincide con la redada simultánea, del mes de mayo de 1976, dirigida a numerosos simpatizantes de esa organización, tendiente a desarticularla.
 La familia Campos, a fines de 1977, sufrió un nuevo golpe con el secuestro y desaparición de Adriana Campos (20 años) y su esposo José Alcaraz (22) quienes fueron  secuestrados en su domicilio junto a su bebé de 10 meses: Martín Alcaraz; el mismo que fue citado a declarar ya que ninguno de sus abuelos, testigos de lo sucedido, se encuentran con vida.


Martín Alcaraz
 Con los ojos muy abiertos y expresión de angustia contenida fue reconstruyendo lo sucedido. Martín dijo que al día siguiente del secuestro de sus padres, él fue dejado en una caja de cartón frente a la casa de su abuela Antonia, madre de las desaparecidas, quien se encargó de criarlo y transmitirle la historia familiar.
La familia Campos realizó el circuito de gestiones típico en la búsqueda de sus únicas hijas, en el caso de Silvia: denuncia inmediata en Seccional 25; rastreos en el Liceo Militar, en el comando del ejército, el obispado, policías provincial y federal; Habeas Corpus y cuanta averiguación le fuera sugerida. Incluso pagaron por obtener datos que nunca llegaron
También evocó su propio secuestro junto a sus padres, reconstruido por los relatos familiares. A ellos se los llevaron el 6 de diciembre de 1977 de su domicilio mientras les robaban  todo (estos hechos no serán tratados por el tribunal debido al fallecimiento  del imputado Juan Pablo Saá). El joven Martín duda que sus padres tuvieran alguna militancia sólo le fue transmitido que su mamá Adriana, días antes del secuestro, le confió a su abuela que estaba a punto de ubicar el paradero de Silvia, secuestrada un  año antes.
Una vecina, Mirta Gómez, que se encontraba entre el público, aportó una breve declaración en la que aseguró que a Silvia se la llevaron en camisón y que era una joven con ideas de izquierda.
Juan Carlos González.
El oficial principal de la Policía, Juan Carlos González, convocado por la causa Talquenca, no hizo aportes porque hubo un error en la citación ya que no prestó servicios en la seccional 29 de Maipú y  dijo desconocer que hubiera “operativos antisubversivos”.

miércoles, 2 de marzo de 2011

Audiencia del 2 de marzo

MEDH: INFORME SOBRE LA REPRESIÓN EN MENDOZA


El MEDH -Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos-, a través de Elba Morales,  aportó información general sobre la represión en Mendoza y específica de algunas causas que se tratarán en estos juicios. Fruto del trabajo de acopio de testimonios e investigación realizado durante décadas se permitió plantear hipótesis  e hizo sugerencias al Tribunal.
La integrante, junto a María del Carmen Gil (Pocha) Camín, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos brindó un exhaustivo y detallado testimonio que hizo un recorrido sobre varias aristas de la represión: su organización, centros de detención y operativos.
 
El esquema organizacional y centros clandestinos
El comando militar era quién tenía  decisión política, a través de un consejo conjunto de oficiales de distintas armas, con mayor incidencia del Ejército y la Aeronáutica. Todo el esquema represivo bajo el mando de las FFAA abarcaba: la Comunidad Informativa (servicios de inteligencia en función de la persecución y la represión, que según consta en indagatorias a Sánchez Camargo y Maradona estaba conformado por los servicios de inteligencia de las dos armas, de la policía Federal y de la policía provincial); el Comando de Operaciones Táctico –COT-(patota que efectuaba los operativos de detención y secuestro en la vía pública) y la conformación de los Consejos de Guerra. De este esquema, según Elba Morales, existen documentos probatorios en las causas del año 1.986.
A partir del 24 de marzo de 1.976 quedan establecidos tres centros clandestinos de detención –CCD-: el D 2, el Campo Las Lajas y la Colonia Papagayos. El D2 –Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza-  era el de mayor relevancia estratégica pues allí se registraba toda la información política. En sus dependencias había mesas de trabajo con ficheros de las actividades sindicales, estudiantiles y políticas. Información supervisada y utilizada por miembros de la Fuerza Aérea y la Federal.
El cuanto a Campo Las Lajas, fue localizado por el MEDH en 2.004 y más que un centro de detención se trató de uno de eliminación física y lugar de enterramiento. “Los que iban allí, iban para no volver.” Según el testimonio de un detenido junto a Mauricio López, recogido por el MEDH, se trataba de un lugar en el piedemonte con carpas para los militares y carpas para los torturados. Las Lajas se ajusta a las características de los centros clandestinos: inhóspito pero de fácil acceso desde la 4º Brigada Aérea, desde el D2 y comisarías hacia el Oeste y en camino a San Juan. En definitiva, un punto de convergencia para plan sistemático de desaparición de personas. Morales aprovechó para reclamar ante el Tribunal sobre la causa de Campo Las Lajas, de la cual el organismo es querellante, debido a que no avanza en su etapa investigativa. De este centro clandestino existen sólo dos sobrevivientes.
Otro CCD relevado por el MEDH fue la Colonia Papagayos. Se dio con él gracias a las entrevistas con los ex presos Puga y Sgroi,  a la declaración de un represor y a los relevamientos fotográficos. El MEDH estima que Papagayos se especializaba en la detención de mujeres y que el encargado era Rondinini, miembro del “sector calle” del D2.
“Es muy claro que la represión se ejerció contra grupos pertenecientes a determinadas corrientes políticas, desde antes del golpe”. Así Morales dio cuenta del modus operandi de los grupos de tareas, resaltando que en todos los casos la persecución no se ejercía sobre individuos aislados si no que se focalizaba grupalmente. Una vez detectado un grupo de militancia, se lo seguía, vigilaba, se establecían hábitos y vínculos para luego secuestrar a sus integrantes en apenas semanas.

Ordenamiento por operativos
Desde la perspectiva del MEDH es fundamental unificar los elementos de prueba para la investigación, desagregar ciertas causas y modificar abordajes. En ese sentido se permitió sugerir al Tribunal reencauzar las investigaciones por centros clandestinos, por fechas y grupos apuntados por la represión y por sus pertenencias militantes. En función de estas variables hizo un repaso de los operativos más significativos:
- Mayo de 1976: destinado a la desarticulación del PRT-ERP y la juventud guevarista. A través de operativos con zonas liberadas y razias en el área de Maipú y la ocupación de manzanas en el barrio Santa Ana, en pocos días fueron secuestrados los hermanos Talquenca, Edmundo Beliveau, Héctor Granic, Daniel Moyano, Virginia Suárez, Silvia Campos, Graciela Santamaría y Mario Santini.
-  Junio de 1976: Según el sumario nº 4 instruido en el D2, en el que están implicados los acusados Fernández y Smaha, se establecía la persecución del entorno de Montoneros con  dos objetivos, por un lado apresar a personas con diferente nivel de compromiso con esa organización, incluidos los sindicalistas de los Bancos de Mendoza y Previsión; por otro lado se propuso eliminar a la cúpula de Montoneros interrelacionando Mendoza con San Juan y San Luis.  Los operativos con este fin comenzaron con la desaparición de Jorge Vargas, se sucedieron entre el 12 y el 17 de junio y culminaron con el asesinato de  Paco Urondo. En este marco también fueron secuestrados otros cuadros de la organización como el matrimonio Olivera y fue asesinado Juan Carlos Charparín.
- Abril de 1977: en distintos operativos destinados a Montoneros caen 15 militantes asesinados o desaparecidos. Un importante grupo pertenecía a Las Heras, la Fuerza Aérea tuvo una participación destacada en estas acciones. Otro operativo resonante se desplegó sobre la calle Italia de Godoy Cruz, en el fue baleada Ana María Moral y dos NN, la mujer y uno de ellos fueron registrados en la morgue y enterrados en el cuadro 33 del cementerio de la Capital. En conexión con este episodio también  desaparece Gisela Tenembaum.Ç
- Mayo de 1978: Tras el escurridizo montonero Juan José Galamba, perseguido desde mayo del ’76, fueron secuestrados varios simpatizantes que lo habían albergado en su huida: Margarita Dolz, Raúl Oscar Gómez, Mario y Gustavo Camín, Daniel Romero y su hermano Juan Carlos, Víctor Hugo Herrera, Alberto Sosa e Isabel Membrive, quien había escapado de la redada en que fue ejecutado su esposo Juan Carlos Charparín, hasta que se culmina con la aprehensión de Galamba.

Presunciones del Medh
En el desarrollo de la exposición y las respuestas de  la testigo, quedaron flotando algunas hipótesis sobre la represión:
- Según el Medh, la suerte de los prisioneros habría sido decidida por los  consejos de guerra integrados por todas las fuerzas. Así como establecían las condenas para los presos también podrían decidir la eliminación de los secuestrados.
- Al establecerse la diferenciación en los operativos en tanto que algunas personas eran encapuchadas para que no reconocieran los lugares y a los intervinientes; en otros casos eran arrebatados en la noche a cara descubierta. Tal el caso de los hermanos Talquenca y Lidia De Marinis que salieron en paños menores  sin nada que les impidiera ver a sus secuestradores. En los casos que no tomaron recaudos, según la inferencia del MEDH,  ya estaba decidido de antemano que se los conducía a la muerte.
-  Las detenciones, desapariciones y/o asesinatos respondían a un cupo de procedimientos que debía cumplir cada zona y subzona, hipótesis sustentada por otros estudiosos del tema. En cumplimiento del cupo de eliminados en San Rafael, infirió la testigo, desaparecieron los cuatro jóvenes  Peronistas motivo del Juicio desarrollado este año en el sur mendocino.
Finalmente, Morales fue indagada sobre la responsabilidad de los imputados en estas causas. A lo largo de la declaración denunció a Eduardo Smaha y a Armando Fernández, enlaces de inteligencia,  implicados en varios operativos. Luego agregó que Tamer Yapur condujo y estuvo involucrado en la represión ilegal, incluso hay constancias firmadas por él que lo vinculan. Además, según el entender del MEDH, el Com. Luis Rodríguez era el tercero en jerarquía en el CCD D2, después de Juan Oyarzabal.
Elba Morales remarcó que siempre existió desde el poder judicial de Mendoza una fuerte protección sobre los militares denunciados e hizo algunas recomendaciones al Tribunal.

martes, 1 de marzo de 2011

Audiencia del 1ero. de marzo

SAVONE Y ABALO TESTIGOS DE CONTEXTO


Antonio Savone secuestrado, detenido y expulsado del país durante la dictadura permaneció casi tres meses en el D2, confirmó datos proporcionados por otros testigos y rescató la entereza de sus compañeros para encarar el cautiverio. Ramón Abalo testigo y protagonista de la resistencia a las últimas dictaduras reveló la complicidad de los civiles.
Empresario metalúrgico y simpatizante del peronismo, Savone fue secuestrado el 14 de junio de 1976 y alojado en el D2 durante 112 días, según sus precisiones.  De allí fue trasladado a una celda de castigo en la Penitenciaría para otros 63 días en soledad.
Pasó por un  consejo de guerra pero el tribunal militar se declaró incompetente y giró su caso a la justicia federal. Por medio de la fiscalía, el testigo recién se enteró que cuando fue llevado a Tribunales, el 1ero de agosto de 1977, el juez Guzzo le había otorgado la libertad, sin embargo  permaneció detenido a Disposición del P.E.N. hasta noviembre de 1977 cuando fue expulsado a Italia.
Savone  presume que el motivo de su detención fue por fabricar una camioneta con doble techo encargada por amigos de Edesio Villegas, hoy Desaparecido.
De su paso por el D 2 recordó figuras denunciadas anteriormente; a través de su mirilla pudo observar las vejaciones sexuales a las que era sometida, permanentemente, Rosa Gómez.  Escuchó los lamentos de Jorge Vargas, hoy desaparecido y también ratificó el carácter de torturador del penitenciario Bonafede.
Además, exaltó los gestos de dignidad y la relación solidaria entre los presos políticos;  los casi seis meses de aislamiento le provocaron tanto o más sufrimiento que las golpizas,  de modo que  ya en la cárcel con “el calor humano de los otros prisioneros fue como empezar a vivir” aseguró



El “Negro” Abalo habló de las complicidades civiles
Ramón Abalo militó en distintas organizaciones de izquierda a lo largo de su generosa vida. Hoy es miembro de la Liga por los Derechos del Hombre y activo militante por la memoria y justicia encarada por los organismos de DD HH.  Extraídos de un libro de su autoría: “El terrorismo de Estado en Mendoza” proporcionó datos de la magnitud de la represión a nivel local
Hizo hincapié en el compromiso del Partido Demócrata con la Dictadura hasta el punto de entregar el gobierno a uno de los suyos: Bonifacio Cejuela, acompañado por otros miembros de esa corriente que aún hoy lucen en el candelero político. Destacó el patrocinio del empresariado al gobierno militar a través de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) y la complicidad de la Iglesia que en su momento encubrió y permanece en la misma actitud a pesar de haber tenido  la oportunidad, a través de Mons. Rey, de revelar lo que mucho saben sobre los delitos cometidos;  sin embargo el prelado en su reciente testimonio optó por el silencio y el no recuerdo.
Fiel a su estilo el, “Negro Abalo” fue directo. Dedicó un espacio a sus colegas periodistas abocados a “buchonear” a quienes se oponían a los militares y proporcionó los nombres de quienes desde distintas funciones: académicas, políticas, eclesiásticas y empresariales aportaron al sostén de la Dictadura.