jueves, 23 de diciembre de 2010

Audiencia del 23 de diciembre

DECLARÓ MARTINEZ BACA (h) y  DESCOLGARON CUADROS DEL MUSEO



Horacio Martínez Baca fue Secretario General de la Gobernación durante el mandato de su padre.  Detenido a disposición del PEN en el 76 identificó a sus captores. Permaneció más de 4 años preso en varias cárceles hasta que salió con la opción a EEUU, donde hasta la actualidad  ejerce como abogado.  Al cierre se anunció que el Ministro Aranda ordenó retirar los retratos de represores que se exhibían como ídolos en el Museo Policial  
Alberto Martínez Baca fue uno de los cinco gobernadores de la tendencia revolucionaria del peronismo que asumieron junto con Héctor J. Cámpora, en 1973 Con el avance de la derecha en el PJ fueron destituidos con distintos argumentos; así  lo explicó Horacio al Tribunal. También aclaró que no fue militante político sino que se constituyó en Secretario durante la gobernación de su padre para asistirlo porque tenía severas dificultades en la vista.
Días después que apresaran a su padre, su madre y hermano, el 30 de marzo de 1976 fue detenido en su domicilio, identificado en el D2 y trasladado primero al Liceo Militar y luego a la Compañía de Comunicaciones de la 8va. Brigada del Ejército y de allí a la U 9 de La Plata. Durante su permanencia en dependencias militares  compartió cautiverio con Guillermo De Paolis, Chango Díaz, Fiorentini (Secretario General de la CGT regional), Marcos Garcetti, Ricardo Pérez (Secretario General Periodistas), Blanco (ex senador nacional), Jofré (Director del IPV) y al abogado Yañez.
Después de tres meses en el liceo, los presos fueron trasladados al cuartel de la compañía de Comunicaciones devenido en LRD (Lugar de Reunión de Detenidos). Como personal de ese espacio reconoció al Tte. Castillo, a Gómez Saá y al Tte. 1ero. Dardo Migno; a éste último lo reconoció  en la tortura. “Esperaba que estuviera acá”, dijo Martínez Vaca remitiéndose a los imputados. En estas dependencias había más de 100 detenidos, fundamentalmente abogados, gremialistas y obreros (más de 10 pertenecientes a Agua y Energía). Entre ellos Víctor Morales, el domador Retamales y el escritor Ángel Bustelo (severamente lesionado en una costilla durante un traslado), compañero de ruta de Martínez Baca hasta sendas liberaciones en 1.980.
Al cierre de la audiencia la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia trasmitió la decisión del ejecutivo de retirar del Museo Policial, los cuadros de Julio César Santuccione, quien fuera jefe de la Policía entre 1974 y 1976, y los de sus sucesores: Alcides Paris Francisca, Mario Laporta, Alberto Olivera y Jorge Naman García. El vicecomodoro Santuccione, transcendió como ejecutor del comando Pío XII un grupo que antes del golpe  perseguía o mataba a mujeres en situación de prostitución, a homosexuales y realizaba atentados con bombas a militantes políticos.
Las audiencias por los Juicios continuarán el próximo 10 de enero a partir de las 15 horas, con el testimonio del periodista Rodrigo Sepúlveda, autor de numerosas investigaciones y documentales.



martes, 21 de diciembre de 2010

Audiencia del 21 de diciembre

MULTIPLES DENUNCIAS y CARCEL COMUN


Pablo Seydel  confirmó que en  la Comisaría 7ma. de Godoy Cruz funcionaba un centro de detención y tortura, allí pudo ver al desaparecido Rubén Bravo.  Dio nombres  y apodos de  policías y penitenciarios empeñosos en métodos ilegales. Señaló  las complicidades y maniobras para quebrar la integridad de las y los militantes políticos; también, elípticamente, descalificó a los imputados allí presentes.   Al cierre, el Tribunal comunicó su decisión de pasar a cárcel común a cinco de los diez imputados.

Aunque centrado en su propia historia, desde su apresamiento en la terminal de Mendoza el 15 de octubre del 76, Seydel hizo un recorrido por las formas ensayadas en  las distintas instituciones para destruir física y psicológicamente a las personas detenidas. Un circuito que comenzaba en el desnudo  y la sensación de indefensión que esto provoca para pasar a  los tormentos físicos y demás iniquidades. “La intención era degradarnos hasta ser nada”,  dijo. 
Superada la etapa de los interrogatorios,  en las cárceles la tarea se completaba con el hambre y las humillaciones permanentes. Indicó que del penal local pasó al  de La Plata, luego Sierra Chica, Rawson y Devoto; resaltó que la penitenciaría de Mendoza era una de las peores. Fieles a la intención de rendir a los políticos presos, estos espacios fueron concebidos por la Dictadura  como un frente más de aniquilamiento. “De aquí van a salir muertos, locos o putos”, solían decirle. Rescató la trama de respaldo y protección mutua tejida por presas y presos que les permitió sostenerse y resistir.
En muchos pasajes del relato, Pablo se mostro conmovido. Lloró al recordar su encuentro con el desaparecido Bravo en la comisaría 7ma, y al evocar los vejámenes a los que fueron sometidas  su madre, su hermana y demás  compañeros.  En el tumulto de recuerdos hizo mención a los ahora “indignos desarmados que no se bancan hacerse cargo de lo que hicieron” e hizo otras duras alusiones  destinadas a los imputados.
De su paso por el Tribunal, Seydel dejó en claro que todos los miembros de la Comisaría 7ma y de la Iglesia colindante sabían qué sucedía en ese centro.  Era imposible ignorarlo por los gritos y movimientos que se registraban, aclaró. Transmitió con sorprendente precisión los apodos, descripciones y nombres de los involucrados de distintas fuerzas.
El testigo fue condenado por un consejo de guerra y con posterioridad sentenciado por la Justicia Federal.  Permaneció detenido hasta julio 1984.
Finalmente, Pablo Seydel puso  en evidencia la continuidad del aparato de inteligencia, así como el control y persecución de la que fue objeto ya en plena etapa democrática

Como broche de la jornada del 21 de diciembre, el TOF N° 1 leyó la resolución respecto del pedido hecho por el Fiscal Dante Vega para que se revoquen las prisiones domiciliarias de los procesados Tames Yapur Maslup, Luis Alberto Rodríguez Vázquez, Eduardo Smaha Borzuk, Celustiano Lucero Lorca y Paulino Enrique Furió Echeverri y se ordene su alojamiento en el complejo San Felipe del Servicio Penitenciario Provincial. Los jueces  expresaron que la decisión aplicar cárcel común se basa en los resultados de la pericia hechas por el cuerpo médico forense a los imputados y en un informe realizado por el establecimiento penitenciario en el que  garantizan  las condiciones sanitarias del lugar.

jueves, 16 de diciembre de 2010

Audiencia del 16 de diciembre

DAVID BLANCO ECHÓ LUZ  Y FUE CONTUNDENTE


David Blanco, ex – preso político del ’76 al ‘83, fue primero absuelto por la Justicia Federal  y luego condenado por un  Tribunal Militar. Dejó en claro la connivencia de la Iglesia con la represión, habló de las vejaciones sexuales a los varones y remató aportando elementos que confirman  la complicidad de Romano y Miret con la Dictadura.
Militante de la JUP- Juventud Universitaria Peronista-, delegado sindical del Banco Mendoza y estudiante de teatro, la combinación perfecta para que a los 23 años, el actual Secretario General de la Asociación Argentina de Actores, David Blanco, fuera detenido el 2 de junio de 1976 e hiciera el circuito carcelario por las prisiones de máxima seguridad del país.
Mencionó la persecución a los artistas y dio cátedra sobre las cualidades transformadoras del arte que explica el empeño con que Dictadura los persiguió.
Su primer destino fue el D2. Allí sufrió durísimos tormentos tal como lo describieron anteriores testigos y reconoció a algunos de sus verdugos con los que se cruzó en la calle una vez restituida la democracia.
En su paso por ese centro compartió cautiverio con Ricardo Sánchez Coronel, su compañero de trabajo; y dijo haber escuchado a J. Vargas, ambos actualmente desaparecidos. Sobre un plano del D2 señaló las celdas en las que se encontraban ambos detenidos y ubicó la propia. Blanco fue primero procesado y absuelto por Juez Federal Guzzo, pero quedó preso para ser sometido a un Tribunal Militar. Con sus dichos, quedaron otra vez sobre el tapete, los desatinos sustentados por los Consejos de Guerra. Blanco relató que al comparecer ante el Tribunal le exhibieron explosivos, armas, municiones, etc., entonces reclamó que esos elementos no estaban en su poder y que el Tribunal no tenía pruebas en su contra; a lo que el fiscal, oficial Mojo, le respondió que como integrante de una supuesta célula subversiva David disponía de armas aunque no las tuviera consigo y agregó: “Nosotros no necesitamos pruebas nos alcanza el convencimiento de que Ud. es culpable” y lo condenaron a siete años y medio de prisión.
También la iglesia tuvo su capítulo cuando relató que el capellán del ejército, en un gesto poco habitual, le informó a su padre que estaba en el D2 y le sugirió un ardid para tener la confirmación que permanecía alojado en el D2.
Dos intervenciones importantes aportados por Blanco fueron, por un lado confirmar que los funcionarios de la Justicia consideraban a la tortura como algo habitual, y agregó con claridad: “aún sucede” haciendo referencia que los detenidos de hoy son víctimas de tormentos. Por otro lado, se escucho por primera vez la referencia a las vejaciones sexuales sufridas por los hombres, el ensañamiento con los genitales y el ano, hasta el punto de “desear la propia muerte” –dijo.
Finalmente, a pedido de la querella el ex -preso dejó en claro que fue absuelto por el Juez Guzzo, quien dejó constancia en acta de las torturas verificadas en su cuerpo y dio por no valida la declaración firmada en el D2. Por su parte, el entonces fiscal Roque Romano no investigó la tortura, revocó el sobreseimiento dictado por Guzzo y con el aporte de Miret, el testigo quedó preso hasta 1983.

martes, 14 de diciembre de 2010

Audiencia del 14 de diciembre

LUNA TRANSITÓ TODA DICTADURA ENTRE REJAS


Roque Luna, trabajador gráfico, fue detenido y sometido a Tribunal Militar desde los albores del golpe de 1976 hasta diciembre del ’83. Uno de sus peores momentos lo vivió en Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia –D 2- .
En la jornada del 14 diciembre se escucharon las palabras de Roque Argentino Luna un hombre que estuvo preso casi 8 años, acusado por tenencia de armas, que no existieron y sometido a la parodia de un tribunal militar carente de legitimidad para administrar justicia. Este trabajador gráfico sufrió el terrorismo de Estado en todas sus escalas.
El 10 de abril de 1976, Roque Argentino Luna, fue sorprendido en su casa por un grupo de policías que sin dar muchas explicaciones lo subieron a un automóvil y lo trasladaron junto a sus padres a la Comisaría 31. Él quedó detenido en ese lugar, primera parada de los muchos espacios en los que estuvo alojado hasta diciembre de 1983.
De la 31 pasó a la 5º y de ahí al D2. Del D2 pasó a la 7º y más tarde a la Penitenciaría. En septiembre del 77 fue llevado a cárcel de máxima seguridad de Sierra Chica, en el 78 a Unidad 9 La Plata y en el 79 a cárcel de Rawson en Chubut, allí permaneció hasta el 3 de diciembre de 1983. En todos estos lugares, conoció el terror en todas sus escalas, sin embargo su estancia en el D2 fue la peor de todas.
Con tono bajo, mesurado y con pocas palabras, el hombre contó cómo fue torturado en ese centro de operaciones. Las sesiones de picanas llegaron a provocarle una insuficiencia cardíaca. Roque relató que durante los meses que estuvo detenido y con los ojos tapados, aprendió a reconocer a las personas por la voz, esto le sirvió para afirmar que estuvieron cautivas en el D2: Ricardo Sánchez Coronel, Rosa del Carmen Gómez, David Blanco, Enrique García, Carlos González, Carlos Ubertone, Alicia Morales, Luis Piña, Jorge Vargas, Aníbal Torres.
Las torturas físicas disminuyeron cuando lo llevaron a la Comisaría 7º y en el pabellón 6 de la Penitenciaría Provincial sin embargo, la violencia, la humillación y el terror no cesaron nunca.
Luna, como muchos presos políticos fue sometido a un “Tribunal de Guerra” y fue condenado en una causa inventada a 10 años de prisión por “tenencia de armas y municiones”. Esas armas jamás estuvieron en sus manos, pero según le explico “conocer, era igual, que tener, poseer y asir”.
Roque Argentino Luna no tuvo problemas en identificar a través de un álbum de foto de la policía quiénes operaban en el D2; así señaló a Marcelo Rolando Moroi, Manuel Bustos Medina (mechón blanco) Pablo José Gutiérrez Araya y a Ramón Álvarez Rojas de la comisaría 7º de Godoy Cruz. Los abogados querellantes pidieron que se incluyan también los álbumes de las comisarías 7º y 5º de Ciudad Capital para completar la tarea de reconocimiento.

jueves, 9 de diciembre de 2010

Audiencia del 9 de diciembre

ROSA DIO PRECISIONES Y SE SINTIO LIBERADA


  Rosa Gómez relató con urgencia su cautiverio en el  D 2.  No tuvo militancia en ninguna organización, su secuestro sólo se explica por su relación con el sindicalista bancario Ricardo Sánchez Coronel. Aportó precisiones sobre quiénes integraban el cuerpo de ese Centro Clandestino, incluso reconoció a algunos que aun se encuentran en actividad e indicó en qué dependencia trabajan.
En calidad de “testigo general” Rosa del Carmen Gómez  declaró ante el TOF Nº1. Fue detenida el 1º de junio de 1976 y permaneció  durante 9 meses en el CCD que funcionaba en el Palacio Policial, en plena ciudad de Mendoza.
A igual que lo habían hecho las testigos que la antecedieron, Rosa describió cómo las mujeres que iban a parar aquel sitio eran violadas sistemáticamente por los hombres que conformaban la patota del D2. Las humillaciones y las torturas se sucedían incesantemente en aquel lugar que particularizó como un “infierno”,  “mientras estaba en el calabozo, sentía todo el tiempo personas llorar y quejarse” remarcó varias veces en su relato. Aseguró haber compartido el lugar con Ricardo Vargas y Rosario Torres “muy torturados”, dijo y con el fotógrafo Miguel Pointeau;  todos, al igual que su compañero, están Desaparecidos
Durante el tiempo que ella pasó en el D2 desarrolló mecanismos para distinguir a las diferentes personas que participaban en ese centro de operaciones. “Aprendí a leer con los oídos” expresó la mujer que permaneció un mes maniatada y con los ojos cubiertos. Entonces grabó las voces, los perfumes, las respiraciones que le permitieron identificar a los carceleros  cuando circulaba sin vendas.  Al mes se detuvieron los golpes y la picana pero, aseguró, fue abusada sexualmente del primer al último día por policías a los que identificó.
 Entre lágrimas, afirmó que no pudo declarar con tranquilidad en Tribunales cuando fue citada en la etapa de instrucción.  El empleado que le tomaba testimonio la presionaba para que sólo ofreciera precisiones. “Lloro porque ahora me siento liberada” –dijo-
El Tribunal le pidió revisara varios álbumes de fotografías lo que le permitió  identificar y caracterizar a varios integrantes del D2, entre otros a  Manuel Bustos (Mechón Blanco), Alfredo Castro,  Miguel Ángel Salinas   y dos agentes de apellido Lapas y González, cuyas fotos no estaban registradas en el archivo.
Además de haber padecido  toda la saña del régimen, Rosa carga el dolor de haber perdido a su compañero, Ricardo Sánchez a quién vio por última vez en los calabozos del D2.

martes, 7 de diciembre de 2010

Audiencia del 7 de diciembre

ALICIA MORALES CONMOVIÓ Y RECONOCIÓ A REPRESORES



El 7 de diciembre, en el marco del segundo Juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, sólo prestó declaración Alicia Morales, ex detenida durante la dictadura cívico militar en el centro de operaciones D2 y, actualmente, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –APDH- de San Rafael.

En condición de Testigo General o de Contexto pintó un cuadro perfecto sobre las características y  procedimientos practicados por la patota del -D2, se refirió a los lazos de solidaridad tejidos entre las mujeres presas y del impacto  sufrido al regresar en libertad a una sociedad con valores distorsionados, donde se sintió discriminada. A lo largo del relato, para dar cuenta de lo sucedido utilizó una y otra vez la palabra: destrucción.
  Alicia Morales, contó que la noche del 12 de Junio de 1.976 un grupo de personal militar y civil con pasamontañas y armas largas irrumpió en su casa ubicada en calle Rodríguez 78 de Ciudad; donde junto a su esposo, Juan José Galamba, su hija de año y medio y su bebé de dos meses, compartía vivienda con María Luisa Sánchez, Jorge Vargas y las dos hijas de la pareja.
La detención de las mujeres junto a sus hijos duró alrededor de 48 horas, el día 13 de junio fueron separadas de los niños y trasladadas individualmente al D2. Alicia permaneció semanas en los calabozos de los presos comunes, bajo un trato infrahumano, sin luz, agua, alimentos y sin permiso para ir al baño. Fue golpeada, humillada y torturada psicológicamente por el destino de sus hijos. “Por instinto de supervivencia hasta mis pechos dejaron de llorar” contó la mujer.

Pero la saña de los hombres de las fuerzas armadas no se reducía al secuestro, a la tortura y a la desaparición de adultos. Alicia relató que la hija de María Luisa Sánchez, la noche del secuestro fue utilizada por personal del D2 para “marcar” gente. La propia nena comentó que la llevaron a la Terminal a “reconocer tíos” meses antes de que se suicidara en la casa de sus abuelos donde vivió después del secuestro de sus padres. Además, según supo Alicia, la niña que en ese momento tenía 5 años,  fue llevada a la sala de torturas y sometida a interrogatorios, manoseo mediante, a la vista de su padre que también estaba detenido en el D2.
“Esto también es un crimen, un crimen que tiene que ver con todo lo que nos pasó a los argentinos, un crimen que no puede quedar impune” expresó Alicia mientras relataba la trágica historia de la hija de María Luisa y Jorge.

Alicia Morales permaneció detenida en el D2 hasta octubre de 1.976. Circuló por  varios prisiones, fue liberada por tres días y nuevamente apresada hasta que salió de Devoto en 1980. Estuvo sometida a Consejo de Guerra por un  tribunal conformado por oficiales  del 8vo Regimiento de Infantería de Montaña. Ese “absurdo del absurdo” la hizo jurar por estatutos militares y pretendió que delate a su marido, luego la condenó a 4 años de prisión por intento de incitación a la violencia colectiva, participación en agrupación subversiva y tenencia de armas de guerra.
  Ya en democracia,  Alicia, se constituyó en denunciante ante la CONADEP. En cierta ocasión, fue convocada por el organismo para realizar un reconocimiento del D2; grande sería su sorpresa cuando descubrió que dos de sus represores (Mechón Blanco y Caballo Loco) aún permanecían como personal de esa dependencia.

Entre los agentes de la represión en el D2, reconoció por registro vía imágenes a Miguel Ángel Tello Amaya, Pablo Gutiérrez, Alfredo Milagro Castro, Mario Esteban Torres, Díaz Peralta, Manuel Bustos Medina “Mechón Blanco” (quien amenazaba: “ya te va a tocar a vos la salita de canto y solfeo”, refiriéndose a la sala de torturas), José Sosa Córdoba, Eduardo Smaha y a Tamer Yapur, quien firmara su condena para el Tribunal de Guerra. A lo largo de su declaración manifestó reconocer a Carlos Rico Tejeiro, quien se desempeñara como Subsecretario de Seguridad al iniciarse la gestión del Gobernador Jaque,  como integrante de la patota del D2, dato corroborado por la testigo en otros registros fotográficos. Motivo por lo cual la querella pidió que fuera incluido en los álbumes de personal actuante en el Centro de Operaciones D2.  

jueves, 2 de diciembre de 2010

Audiencia del 2 de diciembre

FAMILIARES ANTE EL TRIBUNAL
Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de Mendoza  tuvieron voz el 2  de diciembre a través de los testimonios de Sara Gutiérrez y  María Rosario Carrera (Mariú) Las mujeres no sólo relataron los secuestros de sus seres queridos sino que dieron  cuenta del clima social: la mentira institucionalizada, los silencios, el miedo; así como  los delitos de extorsión, robos y abusos que incluía la represión.  Sara habló desde el lugar de la hermana de 13 años, a la que inexplicablemente le arrebataron a su precioso hermano  y Mariú se expresó en tanto militante de los ’70 que sufrió en cuatro meses,  la desaparición de su pareja, de su único hermano y su cuñada; a partir de ese momento  su vida hizo un giro hacia la búsqueda de sus familiares  y tras de  la Justicia reparadora.
“Yo pensé que esto no iba a llegar nunca”


Así se expresaba Sara Judith Gutiérrez –hermana de un joven desaparecido en 1976-  en la sala del primer piso del Tribunal Oral Federal Nro. 1de nuestra provincia
Sara Gutiérrez comenzó el relato de la desaparición forzada de su hermano mayor Juan Gutiérrez y  de María Luisa Alvarado Cruz haciendo hincapié en  los hechos que antecedieron su secuestro: Corría el año 1972 y la Universidad Nacional de San Juan recibía estudiantes de diversas provincias argentinas que se encontraban, también, con compañeros y compañeras provenientes de Latinoamérica.  Juan ingresó a la carrera de Ingeniería Civil y empezó a militar social y políticamente desde ese ámbito. Este Hombre de dos metros de altura, “solidario, comprometido y seductor” como lo define su hermana treinta años después, tuvo una participación de base en la Juventud Universitaria Peronista –JUP-, desde donde logró convertirse en el Presidente de la comisión del comedor universitario. Ya en 1975, a raíz de una olla popular en las puertas del comedor en señal de protesta por el aumento de la cuota se trasforma en  blanco de los uniformados y  lo detienen. Ese mismo año un operativo de allanamiento a su casa de estudiante y el secuestro de su auto, hacen que el regrese a Mendoza.
Huyendo de la represión, en el año del golpe de Estado, también María Luisa se estableció en la casa de la familia de Gutiérrez. La noche del 28 de septiembre de 1976, un automóvil policial la interceptó en una parada de colectivo.  Juan de 22 años, se dio a la búsqueda de su compañera hasta ser detenido por  efectivos de la comisaría séptima de Godoy Cruz; hay indicios de que ambos  permanecieron  en el Centro Clandestino de Detención – CCD- D2 de Mendoza  y terminaron recalando  en el penal de Chimbas en San Juan.
Con gran firmeza  Sara Gutiérrez responsabilizó al Poder Judicial, eclesiástico y así como a civiles  de las prácticas delictivas del terrorismo de Estado. Recomendó  al tribunal un libro referido al accionar del genocidio dictatorial en San Juan, escrito por Eloy Camus, y sostuvo una fuerte crítica al período de instrucción de este juicio, por el maltrato por parte de algunos de los encargados de tomar las declaraciones contra sus  compañeros y compañeras de las organizaciones de derechos humanos.
Testigo general  de 34 años de historia 


Maria Carrera, conocida como Mariu, fue citada a declarar como testigo general en esta primera etapa, de “reconstrucción de contexto” del Juicio a los represores de la capital de Mendoza. En un relato que se extendió por casi 4 horas la mujer habló de la vida de su pareja Rubén Bravo, de su hermano Marcelo Carrera y de su cuñada Adriana Bonoldi. Todos ellos desaparecidos en los últimos meses de 1976.
Primeramente, contó cómo eran los tiempos en los que con Rubén habían decidido tomar al teatro como un trabajo y al arte como una herramienta para acercarle al pueblo, y cómo estas determinaciones los llevaron a establecerse  durante el año 73 en la Villa Itatí, en Buenos Aires, y a formar la Asociación de Actores Argentinos en Mendoza cuando regresaron, en el año 1975
“Nuestra militancia era hacer teatro y  pasaba por organizarnos, por denunciar y por entregarle el teatro a la gente como una herramienta” remarcó Mariu.
En eso consistía la vida de la pareja que junto a su hijo recién nacido, la madre y a los hermanos de Rubén vivían en un departamento de la Cuarta Sección de Ciudad. Fue en ese lugar en el que en la noche del 21 de octubre de 1976 ingresaron violentamente 7 hombres armados con la cara descubierta y se llevaron encañonado y a los golpes a Rubén, previamente maltrataron a Mariu y a su suegra Eugenia Saca, y robaron  los objetos de valor de la familia.
Los intentos desde esa noche  y durante todos los años hasta convencerse que las posibilidades de encontrar con vida a Rubén eran nulas, fueron vanos. En su peregrinaje, junto a los miles que buscaban a sus seres queridos, encontró silencio y fue descubriendo una atroz conspiración en la que participaban, impensadas e innumerables fracciones de la sociedad que aún mantienen en secreto el destino de aquellos que el régimen se empecinó en borrar de la faz de la tierra.
Mariu en su testimonio hablo también de la vida de su hermano Marcelo Carrera, un joven  de 21 años que trabajaba en YPF y que había estaba en pareja con Adriana Bonoldi, una joven profesora de Música. Ambos,  colaboraban en la construcción de viviendas, de lo que hoy conocemos como Campo Papa, esa era su forma de militancia y su tarea dentro del Partido Revolucionario del Pueblo (PRT) del que formaban parte al igual que Mariú y Rubén.
Marcelo fue secuestrado el 24 de noviembre de 1976, por un grupo de hombres que ingresó en su casa, que quedaba en la calle Democracia de Godoy Cruz. En ese momento estaba junto a Adriana, que también fue violentada por los secuestradores que dándole  golpes le gritaban a Marcelo “vas a cantar lo que no quiere decir tu cuñado.
Adriana fue secuestrada, seis días después que Marcelo. La joven regresaba de su trabajo cuando fue interceptada por un vehículo del cual  se bajaron varios hombres que a la fuerza la hicieron ingresar. Adriana estaba embarazada y esa noche iba a quedarse en la casa de sus padres que estaban ayudándola a buscar a Marcelo y a soportar el terror que estaba viviendo.
Entre sus testimonios, Mariu explicó a pedido de la fiscalía y de las autoridades del Tribunal cómo era la situación en  los años previos al golpe,  al respecto dijo: “en aquellos años había mucha actividad cultural y el grado de desarrollo permitía, la organización, la recuperación de la calle, algo mal visto por el gobierno de facto” resumió.  Para señalar que existía una intención premeditada de reprimir en los ámbitos culturales, la testigo nombró una larga lista de actores exiliados o desaparecidos o perseguidos durante la dictadura cívico militar.
Por otro lado, Mariú  le recordó al Tribunal que durante los años de  búsqueda de sus seres queridos pudo identificar a quien dirigió el grupo de secuestro que irrumpió en su vivienda el día que se llevaron a Rubén. Se trata del comisario retirado Eduardo Smaha uno de los imputados que tiene este juicio y que durante las declaración  de Mariu presenciaba el debate. Esta identificación fue ratificada esa misma tarde luego de una extensa ronda fotografías.
“Nos han robado una parte muy rica de la vida, nos robaron la muerte” explicó Mariu emocionada. “Sin embargo la hemos podido reconstruir, hoy la muerte tiene la cara de nuestros seres queridos” explicó.
Por su parte describió también el trabajo de búsqueda que junto a la del Equipo Argentino de Antropología Forense  -EAAF- vienen haciendo en el cementerio Ciudad. “Los rescates de algunos cuerpos de los desaparecidos alienta la búsqueda. “Fuimos recuperando la identidad, no como la habíamos soñado, sino cómo la vida  nos no la dio” expresó Mariu.  
Para resumir los años de trabajo intenso, de dolor extendido y de fortalecimiento de las agrupaciones que defiende memoria,  verdad y la justica Mariú concluyó: Hay algo que aprendimos durante todos estos años y es que ningún terrorismo de Estado puede acabar el compromiso con el otro
La causa judicial Bravo – Carrera – Bonoldi , más adelante, será  retomada por el Tribunal.

martes, 30 de noviembre de 2010

Audiencia del 30 de noviembre

Mendoza: Testimonios de luchadoras emblemáticas
En la segunda semana del desarrollo del Juicio que se celebra en la ciudad de Mendoza, el martes 30 fue una jornada intensa. Por la mañana prestó declaración la Sra. Isabel Figueroa de De Marinis; al medio día el Tribunal decidió hacer una inspección de la dependencias del D2 –Departamento 2 de Informaciones de la Policía de la provincia- uno de de los Centro Clandestinos de Detención  más paradigmáticos de la zona.  Por la tarde testimonió Silvia Ontiveros quien relató los vejámenes sufridos, precisamente, en ese Centro de Detención.  
-“En la historia siempre triunfa la verdad”
Isabel Figueroa De Marinis con 92 años de edad, contó cómo secuestraron a su hija Lidia De Marinis la noche del 3 de junio de 1976.  
La audiencia se desarrolló en un ambiente sereno, con varios momentos de recuerdos que tocaron de cerca a Isabel y a la familia De Marinis. Como comentaba la madre de la chica desaparecida ese día: “Entraron 5 o 6 personas a caras descubiertas que irrumpieron en el departamento. Golpearon, insultaron, interrogaron a mi hija y se la llevaron”. A pesar de su edad, Isabel mostró gran entereza y solidez en su declaración
“Lidia era una persona alegre, cariñosa con nosotros. Mi hija pertenecía al ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), y ya nos había advertido de que la estaban persiguiendo. Era una militante que luchaba como muchos jóvenes que hoy pelean por sus derechos”.
Junto con las madres de otros desaparecidos, recordó, se reunían para la búsqueda de sus hijos, y así de esa manera darse aliento. Repetían periódicamente un circuito que incluía dependencias de la Policía. la 8va. Brigada del Ejército y el Obispado sin embargo no encontraron respuesta alguna.
Frente al ex – Jefe de la 8va. Brigada Tamer Yapur presente en la sala, la señora relató la audiencia que mantuvo con éste 34 años atrás.  Destacó que el militar negó que su hija estuviera detenida y hasta se animó a insinuarle burlonamente si no se la habrían llevado a Córdoba, ciudad en la que Lidia había iniciado la carrera de Odontología.  
Finalmente solicitó a los represores rompieran el pacto de silencio y dijeran donde están los restos de sus hija y los demás desaparecidos  
Isabel de Marinis cargada de espaldas, afirmándose en un bastón y con todos sus años a cuestas es una silueta infaltable en cada actividad organizada por los organismos de DDHH de Mendoza, desde aquellos años hasta el presente.
Asimismo, en una entrevista realizada a Lisandro de Marinis, el hijo de la joven desaparecida el 3 de junio de 1976, acotaba que desde chico siempre supo la verdad, la vivió con intensidades diferentes, y que su figura materna siempre fue su abuela.-dijo-
 “En la historia siempre triunfa la dignidad, la verdad. Les digo que nos fragmentaron, nos dieron el golpe más duro que puede recibir una familia, pero que no pudieron. La justicia es la justicia que se hace en vida. La muerte los va a encontrar condenados por un tribunal y en la historia finalmente se va a saber la verdad”.-agregó-
Según el relato de Isabel de Marinis lo último que supo de su hija fue un día después de su secuestro y desaparición cuando una voz masculina llamó al trabajo de su esposo para dejar un mensaje en el  que Lidia recomendaba a sus padres que no se olvidaran de ponerle las vacunas a su bebé
Una vez finalizada esta declaración,  el Tribunal junto a querellantes, testigos, autoridades y miembros de los organismos de DDHH de Mendoza se trasladaron al lugar en el que funcionara el D2, en el actual Palacio Policial,  para a realizar una inspección y registrar las características del espacio que permitan significar más cabalmente los testimonios de quienes pasaron por esa dependencia.  
Declaró la Yupi, una ex-presa emblemática.

Silvia Ontiveros, conocida como la Yupi en el ámbito de las ex – presas políticas del país, de delegada en ATE pasó a ser  delgada de sus compañeras ante las autoridades del Penal de Devoto durante la Dictadura.  Lúcida y de gran calidad humana hizo un importante aporte   a la resistencia colectiva  dentro de la cárcel, aportando la integridad de las mujeres durante el cautiverio.  
Ontiveros relató  la persecución al interior de la actividad sindical con el avance de las patotas de la derecha peronista local También ofreció información certera de  los procedimientos y los horrores que se cometían  en el interior del D2 de la Policía de Mendoza. Dio cuenta de las torturas, la sed, el hambre y falta de higiene. -Era un lugar sucio,  muy sucio- repetía.  
Detenida un mes antes del Golpe de Videla por su actividad sindical como miembro de la JTP fue secuestrada junto a su hijo y un compañero. Sus palabras  trasmitían especial sufrimiento cuando recordaba haber sido apartada de su hijo.  Perdió la potestad de verlo porque su esposo la denuncio por “abandono del hogar” después de su secuestro  No tuvo contacto con el niño durante los 6 años de cárcel y fue arduo restablecer el vínculo luego de recuperar la libertad en 1982.  
Celebró haber reaccionado con la llamada:”amenorrea de guerra” porque a pesar de 18 días continuos de violación no quedó embarazada
Relató en forma descarnada los vejámenes a los que fue sometida una y otra vez por policías violadores que estimó en 20: “eran distintos olores, distintos cuerpos, distintas voces” –dijo-
A su derecha, los imputados presentes en la sala: Cnel. Tamer Yapur y Paulino Furio del Ejército y los policías del D2. Oficial Inspector Eduardo Smaha Borzuk y el Sargento Celustiano Lucero la escuchaban con la mirada perdida en el espacio y gesto de forzada indiferencia.
Durante su cautiverio Ontiveros permaneció con los ojos vendados de tal suerte que no pudo reconocer, con certeza a sus captores.  Miró minuciosamente una carpeta con las fotos del personal del D2 pero solo pudo establecer el posible parecido de una de las fotos con un policía al  que vio furtivamente al caérsele la venda  
Después de 18 días de secuestro y cautiverio en el D2 fue presentada, tambaleante  ante el juez Carrizo -Mire como estoy doctor- le dijo. A lo que  el Juez le respondió: - No se habrá caído- ; entonces Silvia  le ofreció a exhibirle las quemaduras de la picana que tenía en el vientre pero el Juez se negó a verlas.   
La audiencia cerró con el pedido del abogado querellante Salinas quien solicitó  compulsa para que el Juez Rolando Evaristo Carrizo de cuenta de este hecho.

jueves, 25 de noviembre de 2010

Audiencia del 25 de noviembre


Del testimonio de Rule, surgen nuevos nombres de víctimas con los que tuvo contacto o conocimiento, así como el nombre de otros represores. Entre otros, se destacan los de Fernando De Rosas, instructor de supervivencia de Aeronáutica, en el D2 a cargo de los interrogatorios bajo tortura; el ex comisario Rico del cual ya se tenían evidencias de su actividad represiva en el D2; el policía Escobar después partícipe del homicidio de Sebastián Bordón; así como la presencia de jueces como Carrizo en la U9 y muy probablemente por la coincidencia con declaración de Oyarzábal, de Miret, en los calabozos del D2. De toda la declaración se pidió y se ordenó compulsa para que la Fiscalía siga investigando.
La querella pidió la formación de una causa especial que se denomine D2 – en forma similar a la causa ESMA – para investigar las violaciones sistemáticas – 15 o 20 veces por día dicho por Rule – de las mujeres en el "palacio" policial, como parte del plan de aniquilamiento y torturas especialmente destinado a humillarlas, además del daño físico. Por esta especial y perversa perspectiva de género, se señaló con la misma cadena de responsabilidades a todos los represores acusados por los crímenes de lesa humanidad y a las violaciones sistemáticas a mujeres integrando el mismo carácter y calificación. Se señaló que no puede aplicarse aquí el principio de que se trata de un delito de instancia privada –que sólo se investiga por denuncia de la víctima – sino, como se dijo, especial instrumento del plan clandestino y criminal contra las mujeres. De aceptarse este criterio, sería el primer precedente en el país. Asimismo se solicitó prisión en cárcel común, lo que queda pendiente de resolución para el próximo martes 30.
El testimonio de Fernando Rule empezó diciendo que había sido militante de la organización montoneros en el frente sindical; que había sido especialmente maltratado por ser hijo de militar y que por su trabajo en la administración pública como proyectista, había hecho los planos del D2 vaya a saberse por qué llamado "palacio" policial. Lo que le permitió discutir el tamaño de los calabozos, donde no cabía una persona de tamaño normal acostado, sin luz ni ventilación. Como en la novela de un imaginativo escritor, en febrero de 1976 fue secuestrado y llevado a esos calabozos, donde comprobó que no habían modificado el tamaño como él había planteado. Terminó agradeciendo el respeto con el que fue escuchado por el Tribunal y diciéndole a los represores allí presentes – Furió, Yapur, Rodríguez, Smaha y Lucero – que no les deseaba ni a ellos ni a sus mujeres el trato que habían recibido él, sus compañeros y sus mujeres. Felicitado por su coraje al declarar, contestó por radio Universidad esta mañana, no soy valiente, es hora de no tener más miedo, ahora es el Estado el que escucha. Los fiscales, los abogados, toda una nueva generación para hacer justicia en Mendoza. El jueves al terminar su declaración había dicho, HOY ES UN BUEN DÍA Y ESTÁ MUY BIEN QUE LAS CHICAS USEN MINIFALDA !

miércoles, 24 de noviembre de 2010

Audiencia del 24 de noviembre

Se desarrolló la tercera jornada del primer juicio a los represores de la última dictadura cívico militar en la Ciudad de Mendoza. Este  proceso judicial, tiene la tarea de resolver 19 causas entre las que hay involucradas 32 víctimas directas. Los imputados son 10 entre ellos el ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, que no estará en el inicio por encontrarse imputado en los juicios que se lleva a cabo en Córdoba.

En la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, presidido por el doctor Juan Antonio González Macías e integrado por los doctores Héctor  Cortez y Alejandro Piña; estuvieron los  militares retirados Tamer Yapur, Paulino Furió, Eduardo Smaha y los ex policías Celustiano Lucero y Luís Alberto Rodríguez, imputados en las diferentes causas del juicio.

Mientras que al ex general Mario Lépori, al comisario retirado Juan Agustín Oyarzábal y al ex teniente Dardo Migno, también acusados de haber cometido delitos contra la humanidad, se los pudo ver por medio de video conferencia, este último desde Rosario.    

El primer punto controversial del día fue la separación del proceso del ex general Juan Pablo Saá y del comisario retirado Armando Fernández Miranda. Saá sufrió en el día de ayer un accidente cerebro vascular, según los informes otorgados por el Hospital Militar, donde está internado y afirman que su estado es grave. Por su parte, las pericias psicofísicas realizadas a Fernández determinaron que éste no se encuentra apto para sobrellevar el proceso.

Esto último provocó que el Fiscal, Dante Vega, realizara una reposición pidiendo que los peritos forenses asistieran a la sala para dar sus testimonios, por su parte, la querella adhirió a la reposición y pidió que se realicen nuevamente los exámenes médicos con la presencia de peritos de las partes, ya que los términos por los cuales se le impide a Fernández asistir al proceso parecen vagos.

Luego de establecer las reposiciones se dio lugar a la defensa para realizar su réplica por la ampliación de cargos, allí  Andrea Duranti argumentó que la ampliación de cargos en este momento del debate iría contra el principio de congruencia previsto en el Código Procesal Penal y que esta ampliación debería ir acompañada de la presentación de nuevas pruebas, por lo que se pedía la inadmisibilidad.

Pasado un cuarto intermedio de más de una hora el Tribunal estipuló no dar lugar al pedido de la defensa, esto conllevó a que se agregue al delito de privación abusiva de la libertad, por el cual estaban siendo imputados; los delitos de homicidio agravado por premeditación y alevosía, torturas, desaparición de personas, allanamientos ilegales, asociación ilícita, persecución política, imposición de tormentos, robo, entre otros, en el contexto de delitos de lesa humanidad de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación.

Posterior a la lectura de los nuevos cargos por los que serán imputados los ex militares y policías, se les permitió a los imputados hacer uso de la palabra pero todos optaron por utilizar su derecho de abstención. Esto llevó a la lectura de las declaraciones indagatorias que se realizaron durante la etapa de instrucción.

Sin duda el testimonio de Oyarzábal se llevó toda la atención ya que involucró al fiscal de la cámara Federal de Mendoza Luis Francisco Miret. Oyarzabal declaró durante la indagatoria que él sólo era Jefe de Personal Interno y que no se hacía cargo de los prontuarios ni de las actas de ingreso, según el acusado esas tareas las realizaba en persona el Jefe del D2, Pedro Dante Sanchez, alias “el loco”, y que el señor Sanchez junto con Miret realizaban visitas a los detenidos en dicha institución.

El segundo tramo de la jornada comenzó con la lectura un documento elaborado por el perito del tribunal en donde se certifica que el estado de salud de Armando Fernández Miranda no es apto para presenciar el debate. En ese mismo documento se aclara que dicha circunstancias no altera la situación del acusado que deberá presencia vía videoconferencia esta etapa del proceso.

Posteriormente se continuó con la lectura de las indagatorias tomadas a los imputados en la etapa de instrucción. En referencia de la causa por la desaparición de Alicia Raboy y de Francisco Urondo se hizo lectura de los testimonios del ex policía Luis Alberto Rodríguez Vázquez quien confesó haber participado en el operativo en el que asesinaron al escritor. Por el otro lado, el acusado aseguró que del nombrado operativo participaron también cuerpos de seguridad de rango mayor y que desconocía cuál fue el destino de Urondo.

También se hizo lectura de las declaraciones del ex comisario Celustiano Lucero  a cerca de la causa Raboy, Urondo. El ex policía relató los hechos, habló de “enfrentamiento”, dijo que participó ese operativo porque se lo ordenaban. Al igual que Rodríguez Vásquez, Lucero expresó que sólo recibía órdenes de sus superiores y que no conocía hasta ese momento a Francisco Urondo.

Por último, se hizo lectura de la indagatoria a Eduardo Smaha, quien  remarcó en sus testimonios que las ordenes en el departamento de investigación de la policía D2 las daba el entonces comisario general Pedro Sánchez. Por otro lado Smaha, declaró no tenía conocimiento de que debajo del palacio policial hubiese un centro de detención. Respecto de operativo que terminó con vida de Francisco Urondo dijo que ese momento se encontraba de licencia.” Jamás pude ordenar la detención de alguien sin tener las órdenes de mis superiores” señaló en la indagatoria el acusado.

Con la lectura de las indagatoria concluyó la tercer jornada del juicio contra los represores, que dejó como saldo la ampliación de las acusaciones lo cual tiene un significado importante pues los imputado podrían dejar la prisión domiciliaria con custodia policial y ser trasladados a la cárcel local en las próximas horas. Mañana en tanto, se espera la declaración de los primeros testigos.

Andrea Pelliceri
Juan Pablo Rojas

martes, 23 de noviembre de 2010

Comenzó el segundo juicio a represores de la última dictadura militar en Mendoza.

El pasado miércoles 17, en los tribunales federales de Mendoza comenzó el primer juicio a represores en nuestra ciudad y el segundo en la provincia. El tribunal está compuesto por el Dr. Juan Antonio González Macías presidente y los doctores Héctor  Cortez y Alejandro Piña. La jornada inicial transcurrió con los formalismos técnico-jurídicos del caso. Se leyó un  breve relato de los hechos a través de los cuales se secuestraron y  desaparecieron a las víctimas, y las acusaciones vigentes contra los ex integrantes del Ejército Argentino y de la Policía de Mendoza, quienes son:

El ex general Juan Pablo Saá; el ex coronel Tamer Yapur; el ex jefe de Inteligencia del Ejército en Mendoza, Paulino Furió; el ex general Mario Lépori; el ex teniente Dardo Migno; el comisario general retirado Juan Agustín Oyarzábal; los comisarios retirados Eduardo Smaha y Armando Fernández Miranda, y los policías Celustiano Lucero y Luis Alberto Rodríguez.

Todos actuaron bajo la supervisión y las órdenes de Luciano Benjamín Menéndez, responsable de la llamada subzona 33, (así fue la división geográfica que hicieron las Fuerzas Armadas). Pero  Menéndez no estará presente en el desarrollo del juicio porque está siendo sometido a un juicio similar en Córdoba.
Eberto Villegas y Orlando Dopazo tampoco estarán, pues murieron antes de ser juzgados.

El jueves 18, el fiscal Dante Vega, invocando el principio de congruencia amplió la denuncia contra los imputados y pidió cárcel para todos ellos. El tribunal preguntó a la querella si pedían lo mismo, igual que al gobierno de la provincia y a la secretaría de derechos humanos de la nación. Todos contestaron que sí. Luego de un cuarto intermedio decidieron dar lugar al pedido de Vega, pero los imputados tendrán prisión domiciliaria con custodia y se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 24, para que la defensa pueda rearmar su estrategia, ante el cambio de carátula.
Antes de que el Dr. González Macías dispusiera el cuarto intermedio el Fiscal  Vega y el abogado querellante Dr. Pablo Salinas  explicaron que los imputados pudieron llegar al juicio en libertad gracias a una serie de irregularidades y hechos de corrupción protagonizados por los camaristas federales de Mendoza.
Por esto le solicitaron al tribunal diferenciarse de esa clase de jueces.Hicieron referencia puntualmente  a Julio Demetrio Petra, Luis Miret y Otilio Romano. Entre los tres suman diversas denuncias penales y en el Consejo de la Magistraturas por haber colaborado en la postergación de los juicios contra los represores en Mendoza.
Además, Miret y Romano están imputados por haber sido cómplices del aparato represivo que funcionó en nuestro país entre 1975 y 1983.

Dijo el Dr.Salinas : “Esta gente no ha tenido ni la dignidad de decir qué han hecho con los cuerpos. Se hicieron los valientes con gente indefensa, pero fueron unos cobardes cuando tuvieron que enfrentar a un ejército regular, como ocurrió en Malvinas”.

En este juicio se juzga a los imputados por la desaparición, asesinato o tortura de las siguientes 30 (treinta personas):

Ricardo Sánchez Coronel, empleado bancario militaba en Montoneros
Rafael Olivera y su esposa Nora Rodríguez Jurado
Silvia Campos y Antonia Campos de Alcaraz  José Antonio Alcaraz  militaban en  Partido Comunista
Francisco “Paco” Urondo y su esposa Alicia Raboy  militaban en Montoneros
Ángel Bartolo Bustelo dirigente del Partido Comunista
Salvador Moyano militante peronista
María Leonor Mercuri militante del PRT
Antonio Juan Molina militante peronista
María Luisa Alvarado militaba en la Juventud peronista
Juan Antonio Gutiérrez JUP de San Juan
Héctor Brizuela y Antonio García dirigentes del sindicato de empleados vitivinícolas SOEVA militantes del Partido Comunista
Rubén Bravo militante de PRT
Marcelo Carrera y Adriana Bonoldi  militantes del PRT
Raquel Moretti militante de Montoneros
Aldo Casadidio  
Jorge del Carmen Fonseca militante peronista
Hugo y Julio Talquenca Juventud Guevarista
Aníbal Rosario Torres militante de montoneros
Domingo Britos militante de montoneros
María Inés Correa Llano militaba con el padre Llorens en el barrio San Martín  y Carlos Jackowezyk
Lidia de Marinis militaba en el  PRT
Gerónimo Morgante militante de Peronismo Auténtico

En este juicio se juzga a los imputados por la desaparición, asesinato o tortura de las siguientes compañeros (30):


Ricardo Sánchez Coronel, empleado bancario militaba en Montoneros
Rafael Olivera y su esposa Nora Rodríguez Jurado
Silvia Campos y Antonia Campos de Alcaraz  José Antonio Alcaraz  militaban en  Partido Comunista
Francisco “Paco” Urondo y su esposa Alicia Raboy  militaban en Montoneros
Ángel Bartolo Bustelo dirigente del Partido Comunista
Salvador Moyano militante peronista
María Leonor Mercuri militante del PRT
Antonio Juan Molina militante peronista
María Luisa Alvarado militaba en la Juventud peronista
Juan Antonio Gutiérrez JUP de San Juan
Héctor Brizuela y Antonio García dirigentes del sindicato de empleados vitivinícolas SOEVA militantes del Partido Comunista
Rubén Bravo militante de PRT
Marcelo Carrera y Adriana Bonoldi  militantes del PRT
Raquel Moretti militante de Montoneros
Aldo Casadidio  
Jorge del Carmen Fonseca militante peronista
Hugo y Julio Talquenca Juventud Guevarista
Aníbal Rosario Torres militante de montoneros
Domingo Britos militante de montoneros
María Inés Correa Llano militaba con el padre Llorens en el barrio San Martín  y Carlos Jackowezyk
Lidia de Marinis militaba en el  PRT
Gerónimo Morgante militante de Peronismo Auténtico